BBVA y su ex presidente Francisco González, a juicio por «cohecho y revelación de secretos»

El juez ha decidido llevar a juicio a Francisco González, ex presidente del BBVA, al que fuera su director de riesgos, Antonio Béjar, al ex responsable de seguridad, Julio Corrochano y al propio banco por cohecho y revelación de secretos. Son sólo una parte de una larga lista de imputados en el caso BBVA-Villarejo.

El auto judicial lleva en un momento clave de las negociaciones entre BBVA y los accionistas de Banco Sabadell para que acepten la OPA que ha lanzado. Seis años después, la Audiencia Nacional pone nombre y apellidos a quienes se sentarán en el banquillo.

El magistrado también propone sentar en el banquillo al ex director de control interno, Eduardo Arbizu, al ex consejero delegado, Ángel Cano,al actual responsable de los servicios jurídicos, Eduardo Ortega, al ex responsable de servicios jurídicos de España y Portugal, José Manuel García, y al empleado de la entidad Óscar Santos.

Caso BBVA-Villarejo

La causa que se juzga trata de dirimir si BBVA y sus directivos eran conocedores de que el policía José Manuel Villarejo estaba detrás de Cenyt, empresa que realizó trabajos de inteligencia para el banco durante 13 años, y si sabía de los medios presuntamente ilegales que empleaba para obtener la información. En esa larga lista de métodos están la intervención de llamadas y el seguimiento de personas, así como el acceso a información reservada de bases policiales, que recibía gracias a sus contactos fuera de la propia Cenyt.

El fiscal encargado del caso cree que, a lo largo de la investigación, ha quedado de manifiesto de «forma sobrada e indiscutible» la culpabilidad de BBVA como persona jurídica. En concreto, considera que hay responsabilidad penal de BBVA en esta causa porque está acreditado que «fallaron los mecanismos de prevención y control de delitos» de la entidad financiera.

El fiscal Alejandro Cabaleiro asegura en su escrito que la contratación por el BBVA, con la expresa aquiescencia de su entonces presidente, Francisco González, del que fuese comisario de policía Julio Corrochano en septiembre de 2002 permitió un enlace entre la entidad y los anteriores compañeros del citado policía, entre los que se encontraban Villarejo y el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño.

«El primero de ellos, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro del organigrama de necesidades operativas de la policía, aprovechó el mismo, y puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse haciendo uso de tal especial posición y confianza generada en muchos de sus compañeros policías», apunta.

Francisco González y su implicación

Desde la fiscalía añaden que el propio González, «dada la ausencia de programa alguno de control y supervisión sobre sus decisiones ejecutivas dentro de la entidad, autorizó y permitió este tipo de actos, garantizándose un núcleo muy reducido de altos directivos y directivos de dentro de los servicios centrales corporativos de la entidad que conociesen el mismo».

Por otro lado, y para justificar la petición contra BBVA, la fiscalía sostiene que el sistema interno para la prevención de delitos «no puede calificarse de idóneo» porque «claramente deja al margen de cualquier normativa a la presidencia ejecutiva y a la alta dirección».

El escrito de la fiscalía  ofrece también detalles de los supuestos contratos suscritos entre 2004 y 2017 por la empresa de Villarejo y la entidad. Con el primero de los mismos, según ese escrito, Villarejo trató de obtener información sobre el intento de adquisición por parte de Sacyr de una participación significativa en el BBVA entre los años 2004 y 2005, todo ello en el marco del denominado por el comisario ‘Proyecto Trampa’.

OPA sobre Sabadell

La petición de juicio deja fuera a Carlos Torres, pese a que el ministerio fiscal venía en las últimas semanas advirtiendo de que su comportamiento tampoco fue ejemplar y que no «colaboró como cabría esperar a lo largo de toda la investigación».

Además, llega en un momento crucial para la entidad, que deshoja la margarita estos días para logar aprobar la ampliación de capital en su junta de accionistas y, tras esto, convencer a los accionistas de Banco Sabadell para que aprueben la OPA hostil lanzada contra la entidad que preside Josep Oliu. Una operación de la que el propio Sabadell está tratando de defenderse, tratando también de convencer a sus propios accionistas de que la opción más rentable para el futuro del banco pasa por preservar su independencia.