El día D de BBVA: Carlos Torres ante el juez para defender lo indefendible

Este lunes es el Día D en el que se juega el futuro del segundo mayor banco español: el presidente del BBVA, Carlos Torres, declarará ante el juez Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional por el caso Villarejo. Declara como testigo; sin embargo, en la Audiencia uno sabe cómo entra pero no cómo sale. Y, como es de sobra conocido, si el magistrado le imputa, tendrá que dimitir del cargo por las normas de honorabilidad del BCE.

Afortunadamente, ya no estamos en los tiempos de jueces estrella como Moreiras o Garzón, cuando hubo gente que entró en su juzgado como testigo y salió en furgón camino de Alcalá-Meco. Pero la imputación no es algo descabellado: recientemente, varios testigos del caso Rubiales (Rubén Rivera, Albert Luque y Jorge Vilda) han acabado imputados después de declarar. Y fuentes de la Fiscalía no descartan en absoluto que le ocurra lo mismo a Torres.

De hecho, los fiscales Alejandro Cabaleiro y Miguel Serrano, las acusaciones particulares de Luis del Rivero (expresidente de Sacyr) y Luis Pineda (Ausbanc), y las defensas de los ex directivos del BBVA como Antonio Béjar (el chivo expiatorio del banco), su antecesor como consejero delegado, Ángel Cano, o el propio Francisco González están deseando lanzarse a la yugular de Torres. Respecto al expresidente, el banco acusó a FG de ser beneficiario directo de los contratos con Villarejo y éste respondió diciendo que su imputación se debe a un «error lamentable» de su sucesor.

Por tanto, el actual presidente tendrá que soportar un interrogatorio muy duro en el que se cuestionará la investigación interna y la propia estrategia de defensa del BBVA, que ha saltado por los aires en los últimos meses.

El forensic limitado

En principio, Torres está citado porque «resulta especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer la responsabilidad penal» del BBVA como persona jurídica, ya que el banco sí está imputado en la causa.

Como sabrán si han seguido un poco este caso, cuando estalló el escándalo en 2018 la cúpula del BBVA negó todo conocimiento de los contratos a Cenyt, la empresa de Villarejo, y encargó a Garrigues y Uría la dirección de un informe forensic que realizó PwC. Este informe debía analizar miles de documentos, correos y datos de diferentes directivos del banco, pero dejó fuera a algunos muy relevantes. Entre ellos, el propio Torres (que antes de presidente fue consejero delegado entre 2015 y 2019), su asesor de confianza, Juan Asúa, y su número dos en el escalafón, Ricardo Forcano, director del área de la que dependía el jefe de seguridad, Julio Corrochano, que era quien contrataba al excomisario.

Además de estas excepciones a la investigación interna, BBVA ha puesto todos los palos posibles en las ruedas de la Audiencia, retrasando o no enviando la documentación solicitada por el juez -que ha tenido que ser requerida en varias ocasiones-, oponiéndose a que las partes tuvieran acceso a los documentos, etc. Incluso la directora del área jurídica, María Jesús Arribas, se negó a declarar en julio alegando secreto profesional, motivo por el cual el juez ha citado a Torres.

Esta actitud ha enfadado a García-Castellón y a los fiscales, que han acusado al banco de «aparentar investigar y colaborar con la Justicia», pero en realidad entorpecer la labor judicial. Y el máximo responsable de esta actitud es el propio Torres, que presidía el llamado comité de corporate assurance, encargado de supervisar la investigación interna antes de la elaboración del forensic y del que se excluyó a la dirección de auditoría interna, que es teóricamente la encargada de supervisar estas cosas.

Se derrumba la defensa

Por tanto, todo resulta de lo más sospechoso y Torres no lo va a tener fácil para aclararlo. Pero ahí no acaban sus cuitas. Más allá del forensic, la estrategia de defensa del BBVA ha saltado por los aires con la revelación del espionaje a este periodista de OKDIARIO cuando trabajaba en El Confidencial por parte de un policía en activo socio de Villarejo -Enrique García Castaño, alias El Gordo-, que remitía sus informes a Corrochano desde su dirección de mail de la Policía Nacional. Esto tumba la tesis del banco de que no hubo cohecho porque no sabía que Villarejo y sus secuaces estaban en activo.

También destruye el argumento de que el forensic no ha encontrado ningún indicio de delito: este documento está en el forensic pero el BBVA no lo ha aportado al juez. Y ha aparecido simplemente en una cala del 5% de los documentos analizados, lo que hace pensar que tiene que haber muchas más evidencias en el 95% restante.

En tercer lugar, los abogados del BBVA han sostenido que los informes que les entregaba Villarejo no tenían apenas relevancia. Sí parece tener cierta relevancia el espionaje a periodistas. Y si no la tenían, no se entiende que el banco pagara más de 10 millones a Villarejo a lo largo de 13 años (entre 2004 y 2017), según el propio auto por el que el magistrado levantó el secreto de sumario en 2020.

Mucho en juego

Otros elementos más que sospechosos sobre los que seguramente será preguntado Torres el lunes son la enorme indemnización con que despidió a Corrochano, cercana al millón de euros como adelantó OKDIARIO, antes de que aflorara la relación del BBVA con Villarejo pero cuando el excomisario ya estaba en prisión por otros casos. O la contratación en 2017 de Anbycol, empresa de otro socio de Villarejo, Antonio Bonilla, cuando Torres ya era CEO.

Por tanto, hay demasiados frentes por los que el presidente del BBVA puede acabar imputado tras declarar. Torres calificó la investigación judicial de «cansina» en 2021. Pues ahora puede acabar con su carrera y dejar descabezado a un banco sistémico en Europa. Por cierto, si cae Torres le sustituirá interinamente alguien que se apellida Torrecillas. No me digan que a veces el destino no tiene su gracia.