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José Miguel Andrés presidirá interinamente el BBVA si imputan a Carlos Torres por el ‘caso Villarejo’

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José Miguel Andrés presidirá interinamente el BBVA si imputan a Carlos Torres por el 'caso Villarejo'
Eduardo Segovia
  • Eduardo Segovia
  • Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.

José Miguel Andrés Torrecillas sustituirá de forma interina a Carlos Torres como presidente del BBVA en caso de que este último sea imputado tras declarar en la Audiencia Nacional el próximo 16 de octubre por el caso Villarejo. Así se establece tanto en los estatutos del banco como en el reglamento de su consejo, y fuentes cercanas al supervisor señalan que las competencias ejecutivas de Torres serían asumidas por el consejo también de forma temporal.

Estar imputado por una causa penal, como la de los contratos del banco con el excomisario José Villarejo que investiga el juez Manuel García-Castellón, supone perder la idoneidad para desempeñar cargos de consejero o ejecutivo en un banco según las normas de honorabilidad del BCE. Por tanto, si Torres resulta imputado a resultas de su declaración -ha sido citado como testigo-, tendría que dimitir como presidente del BBVA.

Andrés Torrecillas es actualmente el único vicepresidente del BBVA y los citados estatutos establecen que «en caso de imposibilidad o ausencia del Presidente, sus funciones serán desempeñadas por el Vicepresidente siguiendo, caso de ser varios, el orden señalado por el propio Consejo de Administración al efectuar su nombramiento y, en su defecto, el de mayor edad».

El reglamento del consejo se expresa en términos similares: «El Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo, podrá elegir de entre sus miembros a uno o más Vicepresidentes que sustituirán transitoriamente, en los términos establecidos por la ley y los Estatutos Sociales, según el orden que se establezca en su nombramiento, al Presidente del Consejo de Administración en caso de vacante, ausencia, enfermedad o imposibilidad».

Un portavoz del BBVA no hizo comentarios sobre esta información.

La polémica de Ernst & Young

En todo caso, la eventual presidencia de Andrés Torrecillas sería temporal mientras el consejo del banco inicia la búsqueda de un nuevo presidente, que puede ser uno de los actuales consejeros o un fichaje externo. Respecto a las competencias de Torres al frente del BBVA, las fuentes consultadas explican que lo lógico es que sean asumidas por el consejo de forma colegiada, mientras que el consejero delegado, Onur Genç, mantendría las suyas para la gestión del día a día de la entidad.

Estas previsiones se recogen en el plan de sucesión confidencial que el BCE exige a todos los bancos para que puedan seguir operando en caso de fallecimiento, enfermedad o dimisión de sus responsables.

Logo de EY Ernst & Young
Logo de EY Ernst & Young.

El papel de Andrés Torrecillas como vicepresidente -cargo que ocupa desde 2019- ha generado cierta polémica puesto que venía de ser presidente de Ernst & Young España. Y, tras una sanción sufrida por el anterior auditor del BBVA, KPMG, el consejo del banco seleccionó precisamente a Ernst & Young para sustituirlo en 2021.

¿Puede ser imputado Torres?

Como se ha dicho, el actual presidente ha sido citado a declarar como testigo. Pero esa condición puede cambiar después de testificar; ha ocurrido en muchas ocasiones en la historia de la Audiencia Nacional. En este caso, además, el magistrado señala en el auto que «es especialmente relevante conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo, a efectos de determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo, en aras a esclarecer su responsabilidad penal (del banco)».

Dado que consta que la entidad ha aportado las actas de su Comité de Assurance Corporative -órgano designado para asumir la responsabilidad penal de la persona jurídica-, «resulta evidente la necesidad de poder interrogar a Carlos Torres», que también preside ese comité específico. Tres de los miembros del mismo ya están imputados y un cuarto, la directora jurídica del BBVA, María Jesús Arribas, se negó a declarar.

El juez García-Castellón, Audiencia Nacional.
El juez García Castellón, entrando en la Audiencia Nacional.

Pero, además, los fiscales Alejandro Cabaleiro y Miguel Serrano señalaron en julio el «alto grado de conocimiento» del presidente del BBVA sobre la relación entre la entidad y Cenyt, empresa del excomisario de policía José Manuel Villarejo. Por tanto, si conocía unos hechos presuntamente delictivos, podría haber cometido un delito de encubrimiento, tipificado en los artículos del 451 al 454 del Código Penal. Asimismo, el exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, que fue quien contrató a Villarejo, dependía del área de talent & culture que dirigía Torres en aquellos años, antes de ser nombrado consejero delegado (y posteriormente presidente tras la dimisión de Francisco González)

Tanto García-Castellón como la Fiscalía han criticado en varias ocasiones a Torres por «entorpecer la investigación» con el famoso forensic encargado a PwC y dirigido por Garrigues y Uría. Por ejemplo, este análisis de correos, archivos y documentos internos del banco dejó fuera los del propio presidente y su número dos, Ricardo Forcano.

La defensa se derrumba

Por último, el espionaje a un periodista de OKDIARIO por parte de un policía en activo (Enrique García Castaño, alias ‘el Gordo’, socio de Villarejo) ha tumbado los principales argumentos de defensa del BBVA: que en el forensic no había ningún indicio de delito -este espionaje aparece en uno de los documentos del informe- y que no hubo cohecho porque el banco desconocía que Villarejo y sus socios estaban en activo.

En esta pieza separada 9 de la macrocausa ‘Tándem’, están ya imputados BBVA como persona jurídica y su expresidente Francisco González. Se investigan los servicios contratados por el banco a CENYT -empresa de Villarejo- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, por los que la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.

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