Sánchez intenta retrasar su muerte política amenazando con «ir a los tribunales»

El núcleo de Sánchez busca cobijo en las listas de las generales para no perder el sueldo
López o Hernando, en una foto de archivo junto a Sánchez, quieren volver a la bancada socialista del Congreso.

Nadie es capaz de creer lo que ocurre en estos momentos entre los dos bandos en el PSOE: los que defienden a Pedro Sánchez y los críticos con su gestión y formas de llevar las riendas del partido. Este miércoles, 17 miembros de la dirección han renunciado a su puesto para forzar la salida del líder socialista. La decisión supone la extinción de este órgano, la constitución de una gestora y el adiós de Sánchez.

Sin embargo, el secretario de Organización y ‘número dos’ de Sánchez, César Luena, salió a decir a los periodistas que eso no es así. Ambos bandos discuten por la interpretación jurídica de los estatutos hasta el punto que los de Sánchez han advertido de que el conflicto «técnicamente puede ir a los tribunales». Los críticos han advertido que una vez presentada la renuncia de la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva se monte una gestora que dirija el partido hasta el siguiente congreso.

Los críticos apelan al precedente de mayo de 2014, cuando la misma fórmula obligó a dimitir a Julio Villarrubia como secretario general del PSOE de Castilla y León, tras la renuncia en bloque de más de la mitad de la ejecutiva regional, con el entonces secretario de Organización del partido a la cabeza, Óscar López, hoy portavoz en el Senado y hombre de confianza de Sánchez.

Desde Ferraz argumentan que eso fue fruto de un «acuerdo político» y que las gestoras están previstas a nivel regional y no federal. Por si fuera poco, los críticos argumentan que a nivel nacional también sucedió este caso en el año 2000 cuando dimitió Joaquín Almunia como secretario general y por acuerdo se constituyó una «comisión política» que condujo al partido hasta el cónclave del que resultó ser nuevo líder José Luis Rodríguez Zapatero  en el que también se presentaron José Bono, Matilde Fernández y Rosa Díez. 

Entonces, los líderes territoriales, en un Comité Federal, consensuaron una gestora de 15 miembros de todos los sectores del partido, presidida por Manuel Chaves. La gestora se hizo cargo del proceso. Fue una dimisión voluntaria y este hecho derivó en la formación de una gestora pactada por todas las federaciones que condujeron finalmente al congreso. Tampoco les vale. La dirección se atrinchera en Ferraz y convocan este jueves un Comité Federal que a su vez convoque un Congreso Federal Extraordinario.

Dentro de la ‘guerra’ estatutaria en que se han sumido los partidarios de Sánchez y los críticos -que ya no reconocen la legitimidad de la ejecutiva- éstos sostienen que con las dimisiones que ha habido los acuerdos que se tomen mañana no serían válidos, al considerar que no habrá el «quorum» de la mitad más uno que establecen las normas.

Por su parte han convocado una Comisión Federal de Ética y Garantías por la mañana para dirimir el conflicto a la que acudirá Verónica Pérez, quien han elegido los críticos para estar al frente de la gestora si finalmente se constituye. En Ferraz desoyen este anuncio. Señalan no saber nada de esta cita y comentan que «no tiene validez».

 

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