El truco del ticket de la pizza: así están asaltando los okupas casas en Madrid

No es nuevo, pero se ha puesto de moda entre los amantes de la vivienda ajena. Es uno de los múltiples trucos que utilizan los okupas para poder entrar en una vivienda y que al menos no les puedan desalojar inmediatamente. El ingenio de las mafias, ya se sabe, es infinito.

El truco es sencillo: la banda de okupas selecciona una vivienda para hacerse con ella. A continuación piden una pizza con la dirección correspondiente y esperan al repartidor en el portal. Recogen el pedido y, lo más importante, el ticket. Dos días después asaltan el inmueble y si aparece la policía, enseñan en recibo de la pizza para intentar demostrar que llevan al menos dos días en la casa. Suficiente para que se imposible desalojarlos en el momento y el asunto pase a manos de los juzgados.

Una vez en los juzgados, las mafias pueden como mínimo exigir dinero para devolvérselos a sus angustiados propietarios, que quizá opten por esta solución antes que afrontar el periplo -siempre impredecible- de los tribunales.

La otra solución es pagar a las mafias para que abandonen la vivienda y, según fuentes del sector inmobiliario, la tarifa de los okupas ronda los 3.000 euros de media, pero tampoco es extraño que se llegue a los 5.000.

El truco de la pizza tuvo su origen en Barcelona, pero en los últimos tiempos se ha extendido a Madrid, Barcelona y amplias zonas de Levante.

Según el portal inmobiliario Idealista, los grandes propietarios de viviendas en España son los principales afectados de esta táctica. Montserrat Junyent, responsable de Asesoría Jurídica del Consejo General de los Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, “en Cataluña la técnica de la pizza ya se les ocurrió en 2018, cuando salió la ley de desahucio exprés. Es un mecanismo conocido, pero es posible que ahora se esté extendiendo a otras zonas de España”.

El éxito de esta práctica, explica Junyent., se debe a que “a través del ticket, los okupas intentan demostrar que viven en esa vivienda. Y entonces no es un desalojo inmediato, porque la policía no tiene autoridad suficiente para actuar si no lo ve claro”.

Para poder desalojar en el momento a los okupas, debe tratarse de un delito flagrante al que la Policía prácticamente asiste en directo. Pero cuando ya están dentro de la vivienda ya no pueden hacer nada y menos aún si presentan un recibo como el de la pizza emitido días antes con la misma dirección. En ese caso ya no queda otra vía que la de los tribunales.

Los agentes, además, se la juegan si les denuncian los okupas. Se arriesgan a unas sanciones que pueden dar el traste con su carrera.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referentes a 2021, los fallos judiciales en firme para desalojar a los okupas tardaron de media 18,1 meses, incluyendo los “procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas» de los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en lo civil (9,6 meses) y las «apelaciones de sentencias de juicios verbales» de las Audiencias Provinciales (8,5 meses). Esto significa que los propietarios tuvieron que esperar de media año y medio para recuperar su vivienda tras sufrir una okupación ilegal.

Aunque si hay una táctica que está proliferando en los últimos meses es lo que la Organización Nacional de Afectados por la Okupación denomina “la ‘inquiokupación’, donde el okupa cambia la patada en la puerta por un contrato de alquiler, real o ficticio”. Según Toni Miranda, esto “está provocando la caída de la oferta de alquiler” y es “gentileza del Gobierno de Pedro Sánchez y su política de protección a los okupas”.