El objetivo de Mónica García: ‘cargarse’ Muface y tensionar la sanidad madrileña con 250.000 mutualistas

La propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, de eliminar el modelo Muface ha provocado un intenso debate político y social. Su plan, centrado en la integración de los 1,5 millones de mutualistas en la sanidad pública autonómica, plantea transformaciones que no sólo afectan a los beneficiarios del sistema, sino también a las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular. De hecho, 3 de las 4 más pobladas, Madrid, Andalucía y Valencia, están gobernadas por los populares: el daño social y económico sería cuantioso.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha garantizado que la sanidad pública está «eventualmente preparada» para absorber al millón y medio de funcionarios de Muface y que incluso recibirían una atención «mejor» al poder disponer de uno de sus servicios más robustos: la Atención Primaria.

Lo que no dice la ministra es que las listas de espera en todo el país es de  848.340 pacientes e introducir en el sistema a 1,5 millones de personas podría bloquearlo. Además, las tres de las cuatro comunidades más pobladas de España están bajo el control del PP con lo cual, este traspaso de mutualistas incidirá directamente en sus sistemas sanitarios, siendo un problema político que quieren aprovechar desde sectores del Gobierno de Pedro Sánchez. 

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado contra la «descoordinación y falta de miras» del Gobierno central en relación con Muface y ha advertido sobre el impacto que la propuesta del departamento de Mónica García para incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública tendría en un Sistema Nacional de Salud (SNS) ya tensionado.

«Necesitamos que el Ministerio de Sanidad y el de Función Pública se pongan de acuerdo, hablen y que, por esa descoordinación y por esa falta de miras, no se perjudique a los usuarios de Muface, que tienen una sanidad aceptable y de excelencia y con la que están a gusto», ha apuntado Matute.

El Ministerio de Sanidad ha propuesto la incorporación gradual y estratificada de las personas mutualistas de Muface con la excepcionalidad de aquellos pacientes en situaciones críticas para lo que plantea una renegociación temporal tras la prórroga, según un informe elaborado por del departamento que dirige Mónica García tras quedar desierto el pasado mes de octubre la cobertura sanitaria a los funcionarios mutualistas los próximos dos años por parte de las aseguradoras privadas.

Pero es que, sólo en la Comunidad de Madrid, pasarán al sistema de salud cerca de 240.000 usuarios más, lo que conllevaría 400 millones de gasto directo, a los que sumar los gastos indirectos que suponen el material, recursos humanos necesarios, fungibles.

La falta de coordinación y de previsión del Ejecutivo central, con los Ministerios de Función Pública y Sanidad al frente, están minando lo más valioso que de que dispone España, el Sistema Nacional de Salud.

El Partido Socialista ha tratado de revertir esta situación, pero la filtración  de un informe por parte del propio ministerio de Sanidad y en el que da nueve meses a partir del próximo mes de enero para acabar con Muface, evidencia la guerra que disputa la ministra de Sanidad con Óscar López y su ministerio de Función Pública, que trataba de publicar estos días, un nuevo concurso con las aseguradoras tras la negativa de éstas el 5 de noviembre a seguir debatiendo por la «oferta escasa» del Gobierno.

Acabar con Muface no es viable

Fedeca asegura que la propuesta del Ministerio de Sanidad de acabar con Muface a través de la incorporación de los trabajadores públicos mutualistas al sistema sanitario público «no es viable» en términos económicos.

En un comunicado, desde la federación de asociaciones profesionales y sindicatos de funcionarios públicos aseguran que el informe presentado por el Ministerio encabezado por Mónica García no tiene en cuenta que el coste per cápita de Muface es inferior al del Sistema Nacional de Salud, por lo que el plan no sería factible, además de «no ser razonable».

Por ello, desde Fedeca han rechazado la propuesta de Sanidad y han acusado al Gobierno de querer extinguir Muface para «quitarse un problema de encima y entregárselo multiplicado a las Comunidades Autónomas», ya que son estas las competentes en materia sanitaria y son las que tendrían que lidiar con la «avalancha» de beneficiarios, «sin margen y sin los recursos necesarios».

«Este plan se suma a la lista de ocurrencias que sobre este asunto se han publicado en los últimos días, añadiendo incertidumbre y desconcierto sobre una cuestión tan relevante y delicada como es la asistencia sanitaria», ha criticado.

De igual manera, la federación ha insistido en que este plan no solo afectaría a empleados públicos, sino también al conjunto de la ciudadanía porque aumentaría la presión en la asistencia sanitaria, y también impactaría en los empleados públicos destinados en el exterior y en sus familias.

Por todo lo anterior, desde Fedeca han instado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y al de Sanidad a utilizar los nueve meses que proponen de prórroga del concierto actual para negociar una oferta económica «razonable y superior» con las aseguradoras a la inicialmente planteada para garantizar la continuidad del modelo.