Jordi R. V. y su familia han pasado por dos quinarios. Primero, le okupan su casa y tras meses de pleitos, antes incluso del juicio, consigue convencer a los okupas para que le devuelvan pacíficamente su vivienda.
Tras marcharse pusieron otra cerradura y por fin pudieron volver a su vivienda. La casa en cuestión se halla en la calle Ferrocarril de Badalona.
Cuando parecía que por fin todo se había solucionado, dejando atrás el calvario de varios meses, efectivos de la Policía irrumpieron al alba en su casa, forzando la cerradura y destrozando la puerta a patadas.
La familia dormía en ese momento. Los agentes, creyendo que ocultaban drogas, removieron toda la casa y redujeron al matrimonio por la fuerza. Les esposaron y tiraron al suelo, causándoles lesiones.
La Policía creía que la familia de Jordi R. V. eran los okupas, que ya se habían marchado, y que estaban siendo investigados desde hacía semanas por el Juzgado de Instrucción 4 de Badalona por tráfico de drogas.
Y es que resulta que este juzgado les investigaba por drogas, a los okupas, y había dictado una orden de entrada y registro que debía realizarse con fecha 2 de julio de 2020.
Pero en esa fecha los okupas ya se habían marchado voluntariamente de la casa, ya que sabían que Jordi R. V. les había denunciado ante el juzgado de Instrucción 5 de esa misma ciudad y era inminente la celebración del juicio para echarles de la vivienda.
