El Tribunal Supremo acelera la investigación sobre el Rey Juan Carlos

   Poco ha esperado la Fiscalía General del Estado, una vez reanudada la actividad judicial en toda España, a la hora de enviar al Tribunal Supremo la investigación sobre la participación del Rey Juan Carlos en el reparto de comisiones derivadas de la construcción del llamado Ave del Desierto, que une en Arabia Saudí las ciudades de Medina y La Meca. La Fiscalía del Alto Tribunal ha tomado la decisión de iniciar esa investigación al resultar involucrado el anterior monarca en las diligencias previas llevadas a cabo por la Fiscalía contra la Corrupción. Lo que va a centrar la indagación de Juan Ignacio Campos, Fiscal del Supremo especializado en Delitos Económicos, va a consistir en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurrieron después de Junio de 2014, cuando Juan Carlos I abdicó la Corona en su hijo y perdió la inviolabilidad que la Constitución le protegía por ser el Jefe del Estado.

   El anuncio de la apertura de la investigación ha originado un auténtico movimiento sísmico en los medios de comunicación y en la sociedad española que ha levantado por completo la veda, si es que quedaba algo todavía de ella, de los que tratan desde hace años de cargarse la monarquía y sustituirla por una república, un régimen al que atribuyen todo tipo de bondades frente a todos los males que endosan a la Corona. La teoría de estos declarados sin ambages enemigos de que España sea un Reino es que con la culpabilidad de don Juan Carlos se conseguiría un triple objetivo: atacar al anterior Jefe del Estado si se demuestra que es culpable de algún tipo de delito económico; desprestigiar a la institución monárquica en su totalidad al culpar también al actual Rey por no haber denunciado antes a su padre, y hacer desaparecer al máximo representante y defensor de la unidad de España. En ello están y seguirán estando, sin ningún tipo de complejo, o sea sin ningún tipo de escrúpulos.

    Pero en este tsunami originado por la decisión del Tribunal Supremo, que ha abierto periódicos escritos, informativos de radio y televisión, pantallas de digitales, además de llenar las redes sociales de miles de condenas anticipadas, hay quien ve la intención de opacar la publicación de la no condena al Mayor Trapero, pieza clave de la insurrección independentista catalana, que se va a casa prácticamente de rositas al dejar las cosas en simple desobediencia. Casualidad, sin duda, que se haya hecho pública la condena justo después de la notificación del Supremo sobre la investigación de los presuntos cobros irregulares de comisiones por parte del Rey Emérito por la concesión a empresas españolas del Ave de Medina a la Meca.

   Por último, el comunicado de la Casa del Rey del 15 de Marzo pasado no condena a don Juan Carlos por anticipado sino que su objetivo fue despejar cualquier duda o sospecha acerca de que el Rey Felipe tuviera algo que ver con las actividades de dos Fundaciones presuntamente ligadas a actividades económicas poco transparentes. Y también para cortar de raíz la sombra de cualquier tipo de connivencia de don Felipe con esas actividades opacas y sospechosas de ser ilegales.