El Tribunal de Derechos de los Terroristas

El Gobierno debe recurrir cuanto antes la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tanto para salvaguardar la credibilidad de España como para mantener intacta la memoria de todas las víctimas de ETA. Resulta una afrenta que la máxima autoridad jurídica europea obligue al Estado a pagar 30.000 euros al asesino Igor Portu y 20.000 a su sosias Mattin Sarasola, responsables del atentado de la Terminal 4 del Aeropuerto de Barajas el 30 de diciembre de 2006 que causó la muerte de dos personas, hirió a otras 20 y podría haber ocasionado una auténtica masacre dadas las fechas en las que se produjo. España debe aportar los documentos necesarios que desmonten la coartada de dos miserables de este calibre.

Los derechos humanos son sagrados para cualquier persona, aunque esas personas sean terroristas y por mucho trabajo que nos cueste aceptarlo. No obstante, resulta inquietante la facilidad que tiene el Tribunal Europeos de Derechos Humanos para fallar a favor de los enemigos de la democracia. Basta recordar que países tan rigurosos como Reino Unido han pensado en salirse de su jurisdicción por los impedimentos que ponían a la hora de extraditar terroristas confesos. Algo que sucedió con el yihadista radical Abu Qatada. Algunas de sus señorías parecen empeñadas en convertirse en el Tribunal de Derechos de los Terroristas. Muy lego ha de estar el juez que haya dirimido el fallo en la historia reciente de nuestra nación para darle este premio a dos hombres que buscaban provocar una matanza con su acción y que, ya de por sí, se llevaron dos vidas humanas por delante. Dos jefes de una organización terrorista que a lo largo de su medio siglo de existencia asesinó a 900 personas, hirió, quemó y mutiló a otras 16.000 y dejó más de 42.000 víctimas silenciosas. Familiares y amigos de los que perecieron víctimas de la sinrazón terrorista. Eso es lo que han conseguido en Estrasburgo.

Eso y espolear el ánimo de otros terroristas como Arnaldo Otegi, que se ha inventado una historia de torturas para autoproclamarse víctima aprovechando que el dislate ponía sede en la ciudad francesa.  «Víctima», dice, el mismo indigente moral y ético que secuestró al director de Michelin en Vitoria, Luis Abaitua, y a los políticos Gabriel Cisneros y Javier Rupérez —entonces diputados de UCD— cuando pertenecía al aparato político-militar de la banda terrorista. Víctima un hombre que sigue haciendo de la radicalidad su credo político, intentando acercar a los presos al País Vasco a pesar de declaraciones como las de un jefe etarra encarcelado, David Pla, que llegó a asegurar que «no lamentamos lo que hicimos», para añadir que «no hubo concesiones morales para defender la lucha armada». Esta es la patulea a la que ha premiado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El mismo lugar al que quiere acudir Roger Torrent para pedir la investidura a distancia de Carles Puigdemont. Las instituciones europeas no pueden beneficiar a los antidemocráticos con tan grave asiduidad.