Tolerancia cero

La situación en Cataluña ha llegado a un nivel de agresividad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de tener tolerancia cero con los golpistas. Especialmente tras los ataques de esta pasada noche en Manresa. Hasta el momento, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional han actuado con la mesura necesaria para no echar gasolina al fuego independentista. No obstante, todo tiene un límite y ese límite lo marcan acosos tan flagrantes como el que ha sufrido el cuartel de la Benemérita en esa ciudad catalana. Ni el Ministerio del Interior ni el propio Gobierno deben consentir que unos exaltados cerquen un cuartel e icen una bandera ilegal en un edificio del Estado. Eso ya no son provocaciones, sino ataques frontales contra los símbolos nacionales. En definitiva, contra todos los españoles.

Los golpistas han llegado a un punto de no retorno tras este ataque y lo peor es que representantes públicos como Ada Colau o Anna Gabriel los espolean para que “tomen las calles”. Ese tipo de irresponsabilidad gestora y declarativa está llevando a situaciones como ésta, donde la escala de violencia se sitúa en posiciones muy peligrosas. La violencia sólo engendra violencia y Cataluña está ahora mismo consumida por ella. De ahí que para detener esta espiral sea necesario que el Ejecutivo tome todas las medidas pertinentes y actúe con contundencia. Está bien la estrategia de la mesura, pero a veces hay acciones que exigen una respuesta a través de la fuerza. Los agentes que de manera valerosa defienden los derechos de los ciudadanos en contextos tan complicados como es ahora mismo el de la región catalana no pueden estar al albur de un millar de macarras hasta el punto de no poder salir del cuartel.

Es cierto que la situación es muy delicada y su gestión más todavía. Los sediciosos subirán el nivel de tensión y violencia para buscar una respuesta por parte de los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Es la única manera, amparados en el victimismo, de encontrar una excusa para una deriva política y social que carece de sentido y asiento legal y que lleva a todos los catalanes hacia el precipicio económico e institucional. No obstante, el Gobierno tiene que acabar con este tipo de acciones antes de que ocurra una desgracia o un linchamiento. En definitiva, antes de que la imagen de España recorra el mundo como un lugar sin ley. Algo que no sólo nos afectaría en las relaciones políticas, sino también en la economía. Imágenes como las de Manresa no se pueden volver a repetir. Nos jugamos mucho como para que un grupo de acémilas imponga las reglas de nuestra sociedad.