Somos ciudadanos, no somos súbditos

España se vio abocada a poner en marcha un instrumento extraordinario como el estado de alarma (este si extraordinario, no como el articulo 155 de la CE que es un instrumento ordinario para situaciones extraordinarias) como consecuencia de los errores garrafales que cometió el Gobierno, que no tomó en tiempo y forma  las decisiones que hubieran minimizado tanto la llegada como la extensión y la virulencia de la pandemia. El estado de alarma, el confinamiento de toda la población, el cierre generalizado de la actividad económica, es la consecuencia de una serie de errores, de decisiones equivocadas, de irresponsabilidad encadenada, que tuvo como consecuencia que la pandemia llegara con una enorme virulencia a España, que se extendiera a gran velocidad, que bloqueara el sistema sanitario y que pusiera en riesgo la vida y la salud de millones de españoles. Por no prevenir, hubo que cerrar. Cerrar las empresas y encerrarnos en casa a millones de españoles no fue una estrategia de éxito, sino la consecuencia de una gestión nefasta, la consecuencia de la incompetencia y de la soberbia de unos gobernantes que han estado y están más preocupados de su “remontada” que de nuestra salida colectiva y personal de la triple crisis que asola España.

Si uno mira los países de nuestro entorno, particularmente a los que mejor han enfrentado la crisis y mejor preparados están para salir de ella, ninguno de ellos ha tomado medidas del calibre de las que se han impuesto en España. Los controles democráticos siguen funcionando en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Irlanda, en Francia, en Portugal… En todos esos países los gobiernos han hecho test generalizados a sus ciudadanos, lo que les ha permitido conocer y zonificar los focos de riesgo y, selectivamente, aislar a quienes son portadores del virus; en todos ellos los gobiernos han rendido cuentas en los distintos parlamentos, a los partidos de la oposición, a los lideres sociales y económicos….; en todos ellos se ha protegido desde el día primero al personal sanitario, se ha recomendado el distanciamiento social, se ha obligado al uso de mascarillas en el trabajo, en los transportes, en las empresas…. En todos ellos el Gobierno respectivo se ha encargado de que o él mismo o las autoridades competentes en países descentralizados (ejemplos Francia y Alemania) se haya suministrado material de protección en condiciones y con  garantías de forma tal que los  “errores” en esta materia hayan sido la excepción y no la norma como en España. En España, aún hace dos días y tras casi cincuenta de poderes absolutos del Gobierno de la Nación, varias autonomías han tenido que devolver mascarillas defectuosas suministradas por la autoridad incompetente, o sea, el Ministerio de Sanidad. En España, a pesar de tener empresas capaces de hacer y suministrar test, no tenemos ni idea de cuántos ni dónde están las personas infectadas. Millones de españoles salen a la calle todos los días a trabajar sin saber si son portadores del virus y, por tanto, posibles propagadores de la infección.

Llevamos cincuenta y un días de estado de alarma cuando escribo este artículo y sabemos, desde el pasado sábado día dos de mayo que Sánchez no tiene un plan B y que quiere mantener el estado de alarma, de confinamiento, de restricción de libertades, de restricción de la actividad económica…hasta que le venga bien y las encuestas de Redondo le den la remontada.

Si lo piensan, en realidad la estrategia de Sánchez no ha cambiado ni un ápice desde que utilizó la Moción de Censura para permanecer más de un año en la Moncloa sin convocar las elecciones que prometió durante el debate de la Moción. Llegó con un discurso de excepcionalidad (solo es para echar a Rajoy, convocaré elecciones inmediatamente), y se mantuvo en esa situación hasta que las encuestas le vinieron bien y /o no pudo prorrogarlo más.

Por eso quiere repetir la jugada con el estado de alarma, un instrumento que ha dilatado en el tiempo y ha pervertido en el uso al hacer y deshacer, sin ningún tipo de control, en materias que nada tienen que ver con el objetivo previsto por la ley. El estado de alarma no puede servir para evitar el control democrático y liquidar la transparencia, no puede servir para adjudicar contratos a empresas de dudosa trayectoria, para comprar más caro y en peores condiciones de seguridad, para nombrar nuevos altos cargos, para prorrogar plazos injustificadamente en procesos judiciales, para introducir a su vicepresidente en el CNI… El estado de alarma no puede ser un instrumento al servicio del caudillismo y en contra de los valores de la democracia. No podemos mantener esta situación sine die, hasta que haya vacuna (como deslizó Sánchez en su último AlóPresidente aunque pasen años y no la encuentren nunca….) o hasta que él y su aparato propagandístico considere que se nos puede soltar las riendas. No vivimos en el franquismo aunque Sánchez haya desenterrado y vuelto a enterrar a Franco para gobernar como si él fuera un caudillo español del Siglo XXI.

En este momento y para gestionar de forma segura la salida de la crisis –la sanitaria y la económica- no es necesario mantener la situación de excepcionalidad que conlleva el estado de alarma. El confinamiento de los españoles y el cierre casi completo de la actividad económica (decidido como dije antes de manera extrema y por no haber tomado las decisiones a tiempo, como hizo Portugal, hecho las cosas a tiempo, cuando aún había pocos muertos y no se había extendido la pandemia ) ha permitido que se alcance el objetivo fundamental y que los centros sanitarios vayan recuperando la normalidad y puedan ir atendiendo a los pacientes- que seguirán llegando-  sin que el sistema se colapse.

Como digo, para enfrentarnos en las mejores condiciones a la triple crisis que asola nuestro país no es necesario, ni útil, ni efectivo mantener el estado de alarma. España tiene  leyes ordinarias, como la ley general de salud, la de protección civil y la de Seguridad Ciudadana que contienen  los instrumentos que necesitan para enfrentar hoy la situación. Lo que tiene que hacer el Gobierno es implementarlas de forma inmediata y de común acuerdo con las CCAA que en algunas materias tienen competencias y capacidad, además de conocimiento de cerca del problema.

En la España democrática que surgió del pacto del 78 la normalidad es libertad y la democracia. Usted no conseguirá, por mucho que lo pretenda, que esa “nueva normalidad” con la que quiere justificar el encadenamiento de estados de excepción encubiertos se lleve por delante la democracia liberal para implantar un modelo intervencionista ajeno a la Europa de las libertades y del progreso. Que duda cabe que mientras en el mundo no exista un tratamiento efectivo y/o una vacuna contra el virus que provoca la COVID19 todos los países extremarán las precauciones sanitarias, los controles, el distanciamiento social… Pero, Sr. Sánchez, vaya aceptando que España no va a ser una excepción; que los españoles no aceptaremos salir de este trance con menos democracia, con menos libertades, con menos progreso, con menos bienestar colectivo, con menos autonomía personal. No pretenda usted, Sr. Sánchez, que aceptaremos vivir como un país de súbditos subvencionaos por el estado; no pretenda usted, Sr. Sánchez, que cambiaremos responsabilidad por obediencia. Sr. Sánchez, España no necesita un nuevo caudillo, ya tuvimos bastante con cuarenta años. Somos ciudadanos, no somos súbditos. Y como tales, como ciudadanos responsables, nos vamos a comportar. Y usted, a trabajar y a rendir cuentas. Que ya es hora.

Se lo repito, Sr. Sánchez: no somos súbditos, somos ciudadanos.