Un sistema de mayor corresponsabilidad fiscal

Una de las reformas que están pendientes es la de un nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA), ya que el que rige en la actualidad debería haber sido reformado en diciembre de 2013, para que el nuevo entrase en vigor en enero de 2014. Es necesario ir hacia una reforma del sistema, una reforma que construyese un sistema claro, justo, transparente y calculable, que no discriminase a los españoles en función de parámetros o retorcimientos estadísticos, como sucede en el sistema actual, y que se basase, por tanto, en criterios ortodoxos.

Ése, sin duda, es el camino. Zapatero negoció bilateralmente con Cataluña un sistema que beneficiase al entonces tripartito catalán, añadiendo algunas medidas para que se beneficiase también Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, e incorporando alguna medida que perjudicase a Madrid, ya que al ser una economía similar a Cataluña muchas de las ventajas del sistema de las que disfrutaría Cataluña también se aplicarían a Madrid; para evitar eso, crearon un límite al fondo de competitividad que le resta a Madrid, injustamente, entre 450 y 800 millones de euros cada año, que, además, no van a parar a ninguna otra región.

Pues bien, desde mi punto de vista, urge la reforma del sistema y debe ir en la línea antes apuntada: no puede haber más sistemas opacos, que introduzcan parámetros de reparto en función de ponderaciones diseñadas para beneficiar a alguna región, ni castigos contra regiones, ni que constituya un desincentivo a bajar impuestos. Hay que acabar con todo eso e ir hacia un sistema claro, limpio, transparente, ortodoxo.

Por eso, en mi opinión, la reforma del sistema debe ser multilateral, no bilateral; debe ser clara y transparente y acabar con la incertidumbre; las necesidades de financiación deben calcularse con criterios justos y equitativos; debe actualizarse el criterio de reparto del IVA y de los Impuestos Especiales; debe premiar a las regiones que cumplan con los objetivos de estabilidad y de austeridad; debe preservar la solidaridad entre las CCAA, incorporando a dicha solidaridad, con el respeto de sus regímenes especiales, a las regiones forales; no debe fragmentarse el sistema en más regímenes; deben eliminarse las trampas establecidas para perjudicar a algunas regiones; debe modificarse el principio de Lealtad Institucional, para equilibrar la posición de Gobierno central y CCAA; y debe establecerse una colaboración mayor entre la AEAT y las CCAA para mejorar la lucha contra el fraude.

Todo ello, con una racionalización, austeridad y eficiencia en el gasto que permita garantizar la sostenibilidad de todo el sistema de prestación de servicios que cubre esta financiación autonómica. Hay que medir el gasto en base a su eficiencia, para premiar a los eficientes y hacer que quienes no lo son caminen hacia dicha eficiencia y acabar, así, con el incremento exponencial de un gasto que no nos podemos permitir y que pone en peligro la cobertura de los servicios esenciales que hay que prestar. Es imprescindible, por ello, un sistema de financiación autonómica transparente, justo y eficiente en el gasto.

Y dentro de esa eficiencia en el gasto, hay que hacer que las CCAA sean también corresponsables fiscalmente: no puede fiarse todo a una subida infinita de impuestos o a que los recursos del sistema crezcan garantizando el statu quo, sino que las regiones deben sentir que sus acciones tienen efectos y han de asumirlos.

Y junto a todo ello, debe establecerse un control férreo de las regiones para impedir que se desvíen de los objetivos marcados, de igual manera que se logró con los ayuntamientos. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es una muy buena ley, pero por estrenar en los artículos de las medidas coercitivas correctoras en su mayor extensión. No debe pasarse absolutamente ninguna región y deben establecerse mecanismos ágiles de control en ejecución.

Con todo ello, quedaría conformado un buen sistema de financiación regional, que garantizase el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria para ir avanzando en el objetivo de cerrar en superávit distintos ejercicios que permitiesen ir disminuyendo la deuda, cosa que debería suceder también, obviamente, más importante por el volumen que tiene, en la Administración General del Estado y la Seguridad Social.