Sánchez: «Mil días fuera de la Constitución»

«Mil días llevan el PP y Vox fuera de la Constitución». Esta es la opinión de Pedro Sánchez conocida este domingo. Habrá que entender que «mil días» son, en la práctica, los tres años transcurridos desde la moción de censura que le permitió acceder a la Presidencia del Gobierno con el apoyo más ínfimo obtenido por cualquier otro presidente anterior. Fueron entonces tan sólo 84 diputados, que no alcanzaban ni a la mitad de la mayoría absoluta en el Congreso; pero ahora con 120, tras las elecciones repetidas de 2019, también lo hizo con el menor apoyo de todos los gobernantes que hemos tenido desde 1978. Con su socio llega escasamente a 155 diputados, 21 por debajo de la mayoría necesaria para poder gobernar establemente.

Tras estos mil días en Moncloa gracias a quienes no expresan particular fervor constitucional —como son sus socios podemitas, separatistas catalanes y Bildu—, que Sánchez  se atreva a afirmar que los dos partidos nacionales del centroderecha están fuera de la Carta Magna, es llamativo cuando menos. Denota un narcisismo político propio de una concepción del Estado que se asemeja más a la del «Rey Sol» Luis XIV, el monarca absoluto del Ancien Regime, que proclamaba enfático que «l’etat c’est moi», que «el Estado soy yo»; lo cual, por cierto, era verdad en aquella Francia de esa época histórica.

Sánchez parece querer emularle al autoerigirse en el supremo intérprete de la Constitución, y atreverse a decir que la oposición está instalada fuera de ella, calificándola de «antidemocrática». Y todo porque ejerce su deber de fuerza de contrapeso, que no incluye, por ejemplo, aplaudir sus políticas, sus indultos y su mesa bilateral de diálogo para solucionar el «conflicto político catalán». Ni, por supuesto, pactar con él la preceptiva renovación del CGPJ —que lleva tres años con su mandato caducado— en los términos que él desea.

Quizás sería prudente a esos efectos que se mirara al espejo, pero para hacer autocrítica de su actuación al gobernar con quienes de verdad están fuera de la Constitución y literalmente quieren romper España. Así, su afirmación no sería más que una imaginativa creación de una mente calenturienta en una noche de verano, de no ser porque quien lo afirma está al frente del Gobierno de España.

La fragilidad parlamentaria en la que se apoya Sánchez es donde radica el problema de su incapacidad política, que él pretende endosar a la oposición. Descalificarla por parte de quien accedió al Gobierno como él lo hizo, con las condiciones que aceptó para ser presidente, y contrastarlas con su actuación mil días después, nos hace entender lo que sucede. En todo momento dijo que no pactaría con todos y cada uno de quienes son ahora sus socios. Recordemos una vez más que por ello se repitieron en noviembre de 2019 las elecciones generales del abril anterior. Lo que nos ha llevado a la actual situación de bloqueo político es este retroceso electoral y su incapacidad de ser investido presidente si no era con quienes hasta siete veces afirmó que no pactaría porque los españoles «no dormirían tranquilos», ni él tampoco.

En puridad, tras este último y repetido revés electoral, lo ético hubiese sido renunciar a la candidatura al no poder ser investido sin esos apoyos de los que reiteradamente renegaba. Desde entonces, su persona está lastrada por una carencia de adecuación de su palabra a la verdad, lo que dificulta y contamina el ejercicio de la política en España. Nadie negocia y pacta con un interlocutor del que no se fía, y así estamos.

En este caso, por desgracia, sí sabemos lo que nos pasa. Él es el problema. De su última promesa respecto al precio de la luz —en declaraciones ha asegurado que a finales de 2021 su coste será similar al de hace tres años deflactando el IPC— ya hablaremos otro día.

Y, por cierto, no fue precisamente la oposición quien descalificó a su Ejecutivo tildándolo de «Gobierno Frankestein». Sin duda, resultó profético.