¿Qué nos espera con el nuevo Gobierno?

Prácticamente, está dicho casi todo después de las elecciones del pasado domingo 28 de abril. Así que poco se puede aportar. Desde luego, el giro a la izquierda, porque España, insistamos, quiere ser de izquierdas, marcará los derroteros de un mayor gasto, confiemos que más entregado al gasto social, aunque uno teme que también habrá gasto absolutamente improductivo, y, en consecuencia, de más impuestos. En el caso de que el PSOE vaya de la mano de Unidas Podemos no sólo será el gasto público lol que se disparará sino la presión impositiva y más cargas por cotizaciones sociales. En cambio, un gobierno del PSOE apoyado por Ciudadanos podría infundir más tranquilidad y una cierta estabilidad en el plano económico.

Las opiniones de voces autorizadas reclaman una serie de compromisos para esta nueva etapa como, por ejemplo, la racionalización del gasto público, que sigue con su escalada en 2018 y 2019, año en el que apunta por encima de los 515.000 millones de euros. Para ello, como siempre decimos, sería esencial imponer un modelo de Presupuesto Base Cero, preguntándonos qué gastos realmente necesita afrontar nuestro Estado en aras de ajustar su exuberante volumen a unas cotas más manejables. Porque en tanto en cuanto sea el gasto público el gran protagonista de la nueva legislatura – y uno está convencido de ello – el sendero más fácil para sufragar dispendios será el fiscal: más aumentos de impuestos en tiempos que están próximos a llegar en los que la desaceleración económica y la debilidad cada vez se sentirá con mayor énfasis. Por consiguiente, la solución se antoja obvia: se trata de ajustar el gasto y no de machacar a empresas y ciudadanos a base más cargas tributarias tanto incrementando los actuales impuestos como alumbrando otras figuras fiscales. En este punto, convendría reformular el modelo del impuesto sobre sociedades que deviene en excesivamente gravoso para nuestras pequeñas y medianas empresas. Del mismo modo, habría que reconsiderar la excesiva inflación legislativa y normativa, cuya eficiencia es más que cuestionable. Y, puestos ya a elevar al cielo nuestras oraciones, podría exigirse una mayor seguridad jurídica y una necesaria estabilidad normativa.

Si de lo que se trata es de armar a nuestra economía con una buena artillería empresarial, poco ayuda la imposición de la tasa Google y menos la entrada en vigor de la tasa Tobin, la primera con los servicios digitales en el punto de mira y la segunda con las transacciones financieras en la diana.

Todo ello, deviene en un objetivo clave: reducir nuestro preocupante déficit que en 2018 se ha situado en el 2,5% sobre el producto interior bruto y que en 2019 será, dicen, del 2%. En números redondos, estamos hablando de 32.000 millones de euros de déficit público generado en 2018 y de unos 25.000 millones, por lo menos, para 2019. Sumando el déficit que España ha generado a lo largo de todos esos años que van desde 2008 hasta 2019, nos situamos ante una agónica y alarmante cifra de 800.000 millones de euros perdidos. Y como no se disponía de reservas suficientes para encajar tamaño varapalo, la solución para financiar los desmanes de nuestras cariacontecidas cuentas públicas ha sido la de tirar de deuda pública. De hecho, entre 2007 y 2018 la deuda ha aumentado casi en esos 800.000 millones de euros.

Pese a que las Comunidades Autónomas han ido haciendo los deberes y hoy el déficit autonómico, al cierre de 2018, solo asciende a 2.810 millones de euros – los ingresos de las autonomías fueron de 180.768 millones de euros en 2018 frente a unos gastos de 177.958 millones -, sigue pendiente el reto de solventar los desencajes de la financiación autonómica, a través de la cual se canalizan gastos de relieve no tan solo por su cuantía sino por su calidad. En concreto, hablamos del gasto en sanidad que en 2018 se elevó a 62.000 millones de euros por los cauces de nuestras Comunidades, educación con 41.000 millones también canalizados a través de ellas y protección social que sumó 14.000 millones por la vía autonómica.

El paro es la otra gran asignatura pendiente no ya de aprobar sino de encarar. El resultado de la EPA del primer trimestre de 2019 ha merecido todo tipo de lecturas, positivas, por un lado, y negativas, por el otro. Lo indiscutible es que nuestra cifra de desempleo se sitúa en el 14,7%. Y esto es simplemente una barbaridad. Somos el segundo de país de Europa con mayor tasa de paro, después de Grecia, y estamos casi doblando a la Zona Euro (7,7%) y a una distancia considerable del paro de la Unión Europea que en el mes de marzo de 2019 se situaba en el 6,4%. ¿Cómo es que en la República Checa su tasa de paro es del 1,9% mientras que en España es del 14,7%?

En cualquier caso, la interpretación testaruda pone de manifiesto que nuestro elevado y crónico paro revela un problema estructural. Y, tal vez, una rebaja de las cotizaciones sociales, y acoplando trabajadores y empresas a la vez que cualificando a buena parte de los desempleados, ayudaría a mitigar ese nocivo fenómeno que lastra nuestra economía desde hace ya demasiados años. Probablemente, la modernización del mercado laboral influiría en aliviar el problema. Con todo, un interrogante sigue flotando en el ambiente: ¿cómo es posible que creciendo al ritmo que nuestra economía lo ha hecho en estos últimos años, y además jactándonos, como hacemos ahora, que crecemos por encima de la media europea, no hayamos sido capaces de corregir ese desfase del desempleo? La pregunta conlleva, de inmediato, una reflexión ante la desaceleración que gradualmente va calando en la economía europea, artificialmente asistida con las inyecciones monetarias del Banco Central Europeo, y los nubarrones que se avecinan sobre el escenario económico. Si nuestro crecimiento va a la baja, como efectivamente va, ¿podrá seguirse creando empleo desde el sector privado?

Y un punto postrero, dentro de esa sucinta y superficial revista a lo que nos espera con el nuevo Gobierno, será la de que las reformas que se hagan sean duraderas, lo que sirve para evocar las dudas que se ciernen sobre nuestro sistema de pensiones, no solo a causa de la sostenibilidad y suficiencia del mismo, sino de que los pasos adelante que se dieron en su día, después fueron enmendados. La consistencia es fundamental para que sepamos marcar el escenario de futuro que nos aguarda…