Primero reformar, después renovar

Primero reformar, después renovar. Esta es una de las conclusiones principales del informe de evaluación de la Cuarta ronda sobre España elaborado por el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) y que repasa los incumplimientos de España sobre las reiteradas recomendaciones que el Grupo ha venido haciendo desde 2014  para prevención de la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales.

Es llamativo que este informe, demoledor contra el Gobierno de Pedro Sánchez, haya pasado prácticamente inadvertido en los medios de comunicación. A día de hoy, la inmensa mayoría de los españoles o no tiene ni idea de que el GRECO ha vuelto a señalar las deficiencias de España en materia de independencia judicial, o se han quedado con el titular propagandístico que ha colocado Moncloa en sus medios afines –o sea, en la inmensa mayoría-  en el que afirmaba su “satisfacción” por el contenido de un informe que apenas nadie conoce.

Bueno, pues vamos poner luz sobre el nuevo tirón de orejas que el Grupo de Estados Contra la Corrupción le ha dado al Gobierno de España copiando expresamente algunos párrafos del informe aprobado en marzo de 2021 y que ahora se ha dado a conocer:

Prevención de la corrupción con respecto a los jueces.

Recomendación V.

“GRECO recomendó que se realizara una evaluación del marco legislativo que rige el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de sus efectos en la independencia real y percibida de este órgano de cualquier influencia indebida, con miras a subsanar cualquier deficiencia que se detecte”.

“GRECO señala que la información facilitada por las autoridades no aporta nada nuevo a lo que ya se había analizado en el informe de evaluación de la Cuarta Ronda de 2013. Hoy, la situación es exactamente la misma, y las preocupaciones expresadas por GRECO a la luz de ello continúan igual, si no más, que antes. En ese momento, GRECO subrayó que uno de los objetivos más notables de un consejo judicial, siempre que exista, es salvaguardar la independencia del poder judicial, tanto en apariencia como en la práctica. Señaló además que el resultado en España había sido todo lo contrario, como lo ponía de manifiesto la reiterada inquietud pública en este ámbito. GRECO señaló las normas aplicables del Consejo de Europa relativas a la elección a los miembros judiciales de los consejos judiciales: cuando existe una composición mixta de los consejos judiciales, para la selección de los miembros judiciales, se aconseja que estos sean elegidos por sus pares (siguiendo métodos que garanticen la representación más amplia del poder judicial en todos los niveles) y que las autoridades políticas como el parlamento o el poder ejecutivo no participe en en ninguna etapa del  proceso de selección».

“En este contexto, GRECO solo puede lamentar la falta de un avance positivo tangible en este ámbito. GRECO insta a las autoridades a que apliquen sin demora la recomendación V . Al hacerlo, es sumamente importante que se consulte al poder judicial y que tenga voz en las decisiones clave relativas a su funcionamiento y a sus prioridades. Los debates necesarios a este respecto con otros poderes del Estado deben celebrarse en un clima de respeto mutuo y tener especialmente en cuenta la preservación de la independencia y la imparcialidad del poder judicial”.

“GRECO concluye que la recomendación V no se ha cumplido”.

O sea, que el Grupo de Estados contra la Corrupción insta a España a reformar el marco legislativo con el que se elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Primero reformar; después, renovar.

Prevención de la corrupción con respecto a los fiscales.

Recomendación IX.

Greco recomendó: 1) reconsiderar el método de selección y el mandato del Fiscal General; 2) establecer requisitos y procedimiento jurídicos claros para aumentar la transparencia de la comunicación entre el fiscal general y el Gobierno; 3) estudiar otras vías para dotar de una mayor autonomía a la gestión de los medios del Ministerio Fiscal.

Analizados punto por punto cada uno de estos apartados el informe resume  de manera muy crítica la situación en la que se encuentra la Fiscalía en España:

“En cuanto al tercer apartado de la recomendación, GRECO reitera sus dudas sobre el hecho de que el Ministerio de Justicia decida sobre la asignación  de personas en las diferentes fiscalías, entre ellas la especializada en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, ya que la autonomía de gestión es una garantía importante de la independencia y eficiencia del Ministerio Fiscal”.

“Por esta razón, GRECO solo puede reiterar la necesidad de una mayor reflexión sobre las garantías adicionales que pueden introducirse en el Ministerio Fiscal español para protegerlo de interferencias indebidas. GRECO alienta a las autoridades a que piensen en profundidad a este respecto, entre otras cosas , teniendo presentes las consideraciones ya señaladas en el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda en relación con la cuestión de las puertas giratorias, en particular, en lo que respecta a la actividad política” .

Que el Grupo de Estados contra la Corrupción vuelva a señalar  la interferencia del Gobierno a la hora de nombrar los fiscales y la existencia de puertas giratorias a la hora de elegir al Fiscal General del Estado coloca a España a un paso de ser sancionada por no respetar los estándares democráticos europeos. No somos Polonia… pero ahí vamos. Y eso que el GRECO no conoce que la novio de la Fiscal General del Estado tiene un contrato millonario con un grupo empresarial venezolano  por facilitar los contactos y realizar gestiones con la Fiscalía.

El informe concluye destacando que no se han cumplido aún cinco de las once recomendaciones e insta al jefe de la Delegación de España ( o sea, al Gobierno) a que presente información adicional sobre la aplicación de las recomendaciones II, V, IV, IX y XI  antes del 31 de marzo de 2022.

Bueno, pues esto es lo que hay: una nueva llamada de atención de las instituciones europeas sobre las prácticas antidemocráticas del Gobierno social comunista de España, empeñado en controlar los órganos de la justicia y en tener la fiscalía a su servicio para gobernar de forma despótica y tratar de garantizarse la impunidad penal por sus actos.

Sin justicia independiente, no hay democracia. Bien lo saben Pedro Sánchez y sus socios… Escrito queda una vez más.