El potencial impacto económico de la guerra
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La guerra iniciada por Rusia tras la decisión de Putin de invadir Ucrania, en lo que constituye un ataque intolerable a la soberanía ucraniana, que debería tener respuesta occidental en la ayuda a la defensa de dicho país invadido, tiene varios efectos negativos. El primero, y peor de todos, como en toda guerra, es el de la pérdida de vidas humanas. El segundo, claramente, es el impacto económico que tendrá, que será mayor cuanto más dure el conflicto.
De esa forma, todo parece indicar que dicho conflicto puede prologarse en el tiempo de forma importante, así como recrudecerse, con acciones que pueden ejecutar los países occidentales en apoyo de Ucrania. En este sentido, hay varios efectos, en la vertiente económica, que pueden mermar la capacidad económica y de empleo.
En primer lugar, Rusia es productor del 10% del petróleo mundial y suministra a la Unión Europea el 27% de dicho recurso natural. De la misma manera, es su principal proveedor de gas natural, desde su posición como segundo productor mundial tras Estados Unidos. Ese suministro afecta, principalmente, a los países del norte de Europa, principalmente a Alemania, aunque también Italia tiene dependencia del gas ruso.
Rusia puede cortar el suministro para tratar de presionar a Occidente para que no apoye a Ucrania, pero como, afortunadamente, parece que los países occidentales no abandonarán a su suerte a los ucranianos -aunque tras escuchar al presidente Biden entran dudas-, la restricción del gas ruso puede llegar. Esa disminución en la oferta incrementará los precios del gas, así como los del petróleo. Aunque puedan buscarse alternativas, como los metaneros desde Estados Unidos, esa opción no deja de ser más costosa y no cubre todo el suministro que potencialmente se puede perder. Como entre Argelia y Marruecos permanece la tensión que ha llevado a los argelinos a cortar uno de los gaseoductos por los que llega el gas a España, el problema se complica, aunque nuestro país puede llegar a ser la nueva puerta de entrada de gas para el resto de Europa.
Por otra parte, el precio del crudo está escalando ya de manera intensa, al sobrepasar la barrera de los 100 dólares. El cuadro macroeconómico español está calculado con un precio medio del barril de Brent a 60,4 dólares. Es decir, ahora mismo estaría más de un 65% por encima de dicha previsión. Dada la dependencia energética de España, una desviación del 10% del precio del petróleo afecta en medio punto al crecimiento de la economía española, de manera que si se consolidase esa subida durante todo el año, nos llevaría a que mermaría el crecimiento económico español entre dos y tres puntos al menos.
Eso alejaría el crecimiento de la economía española del 5,6% previsto por la Comisión Europea para nuestro país en 2022, y no digamos nada respecto al 7% que el Gobierno se empeña en mantener como crecimiento tremendamente optimista del cuadro macroeconómico. Es una muestra más de la necesidad de aplicar en España una política energética racional, apostando por la energía nuclear, para no depender ni de mermas en el suministro ni del incremento de costes.
Ese menor crecimiento impactaría de manera importante en el empleo, de manera que no sólo dejaría de crearse nuevo empleo, sino que podría, incluso destruirse. En el caso de que no se destruyese, pero que no se crease, dejarían de generarse entre 300.000 y 400.000 empleos a tiempo completo. Todo ello, unido a la fragilidad de la economía, todavía con decenas de miles de personas en ERTE, complica el mercado laboral.
Paralelamente, el incremento de los precios energéticos, al continuar al alza, van a transmitirse todavía con más fuerza de la que ya lo están haciendo por toda la cadena de valor, con el consiguiente aumento de precios en todos los productos y servicios, que mermará el poder adquisitivo de los agentes económicos.
Ante ello, el Banco Central Europeo probablemente tenga que restringir claramente la oferta monetaria y aumentar tipos ya en 2022, pese a su resistencia de estas semanas. Una subida de un punto puede tener un impacto en la cuota hipotecaria de los deudores de entre 35 euros y 130 euros más al mes, dependiendo del importe y el plazo, elemento que reducirá también el poder adquisitivo de los ciudadanos y que ralentizará el crecimiento económico, pero que será necesario porque la inflación, en caso contrario, provocaría todavía males mucho mayores.
Menor crecimiento y menor empleo que desembocará en menor recaudación y, potencialmente, más gasto en desempleo, elementos que terminará por incrementar el déficit y el endeudamiento, con el agravante de producirse en una escalada de tipos que encarecerá la nueva financiación.
Todo ello, en un contexto de encarecimiento generalizado de los mercados del resto de materias primas y caída brusca de los mercados bursátiles ante el claro riesgo que se cierne sobre la evolución económica, completando, así, un horizonte económico preocupante.