No es defender a los ricos, sino que Sánchez no asalte Madrid

El denominado «Impuesto de Solidaridad» -no cabe mayor hipocresía en la definición del tributo- con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende hacer frente a las comunidades del PP que han suprimido el Impuesto de Patrimonio representa una invasión en toda regla de las competencias que en materia de imposición patrimonial tienen las comunidades autónomas, de modo que la decisión de Madrid de recurrir dicho tributo está más que justificada.

No hay que ser muy sagaz para llegar a la conclusión de que tanto el actual Impuesto sobre el Patrimonio como el anunciado por el Gobierno recaerán sobre el mismo hecho imponible, una doble imposición que el Ejecutivo pretende evitar haciendo que en la cuota a pagar del nuevo impuesto se deduzca el importe pagado en el viejo. De esa forma se evitaría el doble gravamen, pero de facto se dejaría sin margen de maniobra a las comunidades autónomas que han suprimido el Impuesto sobre el Patrimonio.

La disyuntiva para las autonomías es clara. O bien recaudan ellas a través de la recuperación de esa figura impositiva o bien recauda el Estado a través  del nuevo impuesto a las grandes fortunas. En cualquier caso, lo que parece evidente es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha violentado el margen competencial de las comunidades.

De ahí que ante esa invasión de competencias la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esté dispuesta a ir hasta el final no para defender los derechos de los ricos, como asegura el Gobierno, sino para defender las competencias que en materia de imposición patrimonial tienen Madrid y las otras comunidades autónomas. Lo que ha hecho Sánchez es un atentado en toda regla contra la legalidad vigente por la vía de una chapuza propia de quien se cree por encima de la ley.

Que Sánchez imponga un hachazo fiscal a las grandes fortunas puede ser discutible, pero lo que no admite duda alguna es que lo quiere hacer invadiendo competencias autonómicas.