Montero, Madrid y la deslealtad

La ministra Montero ha dicho que la política de bajada fiscal de Madrid es una deslealtad que hay que corregir, porque Madrid puede hacerlo, según ella, gracias al efecto atracción de su capitalidad, y obliga, así, al resto de regiones a hacer lo mismo.

En esas afirmaciones de la ministra no hay ni una sola verdad, salvo que Madrid alberga la capital, pero ni es cierto que su mejor marcha se deba a un efecto de capitalidad -Milán, Nueva York o Frankfurt no son las capitales de sus países y sí son el centro financiero y económico por excelencia de ellos, y Madrid no siempre fue la región pujante que es desde hace veinticinco años, y hay que remontarse al siglo XVI para encontrar el inicio de su capitalidad-; ni tampoco es cierto que sea desleal, pues su mejor marcha ayuda a las demás regiones, como veremos; ni obliga al resto a seguir esa misma política fiscal, porque cada una puede ejercer como considere sus competencias -justo lo contrario de lo que Montero quiere hacer con Madrid, que es prohibirle que aplique la política económica que considere, y, además, no lo ejercen, pues salvo alguna rebaja tibia de alguna que otra región, ninguna ha seguido la senda decidida y firme de Madrid, como, por ejemplo, en el Impuesto de Patrimonio, en las rebajas de IRPF, o en la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por poner algunos ejemplos.

Montero confunde negarse a la sumisión que ella quiere con deslealtad. Madrid es una región leal, que defiende la Constitución y que desarrolla sus competencias dentro del más exquisito respeto normativo del marco legal imperante. La LOFCA y la ley del Sistema de Financiación Autonómica (Ley 22/2009, de 18 de diciembre) establecen las competencias normativas en materia tributaria, y la Constitución confiere autonomía financiera a las regiones, con un papel coordinador de la Administración General del Estado. Todo eso lo cumple Madrid.

Montero habla de armonizar y se olvida de que los impuestos en España están coordinados y armonizados por el Gobierno de la nación. Lo que existe es un pequeño margen de actuación, basado en la corresponsabilidad fiscal del modelo autonómico: las CCCA son competentes en la prestación de los servicios de las competencias transferidas y por ello reciben una financiación basada, en gran parte, en tributos del Estado cedidos en mayor o menor porcentaje, ya los gestionen ellas o los gestione el Estado. Montero, realmente, se refiere a otra “armonización”. Para ella, armonizar es obligar a subir impuestos.

La ministra no dice la verdad -tras todos sus años de experiencia en la consejería de Hacienda andaluza y ahora en el ministerio, no puede alegarse desconocimiento, al menos, a un nivel tan simple- cuando afirma que Madrid recauda más por el efecto capitalidad. Los ingresos del impuesto de Sociedades no afectan a las arcas autonómicas, y las retenciones de IRPF de los trabajadores que las empresas ingresan en la delegación especial de la Agencia Tributaria en Madrid, son después distribuidas en función de la residencia del sujeto pasivo. Por tanto, a Madrid sólo le llega lo que le corresponde. Es más, durante años se ha visto perjudicada por la mala estimación de reparto que se realizaba en otra figura tributaria, el IVA, mejorada últimamente.

No, Madrid no es desleal, sino que es próspera porque aplica una política de libertad que elimina trabas, genera certidumbre y baja impuestos, que atrae inversiones, incentiva la iniciativa empresarial y profesional y genera actividad con el mayor consumo, ahorro e inversión que pueden realizar los ciudadanos gracias al ahorro fiscal de más de 1.000 euros al año que obtiene cada uno por los menores impuestos de Madrid.

No, Madrid no es desleal ni presta peores servicios, sino que con menos impuestos recauda más que el resto. Por ejemplo, con un tipo máximo de IRPF casi cinco puntos menor que en Cataluña y que en Andalucía cuando Montero era consejera allí, Madrid recaudaba entonces por IRPF 1.200 millones de euros más que Cataluña y el doble de lo que recaudaba Montero en Andalucía, pese a tener un millón y medio menos de población que ambas regiones (y sigue recaudando ahora mucho más que ambas comunidades). En cuanto a los servicios, se puede comprobar cómo Madrid tiene la mejor sanidad -ahí está su capacidad de respuesta hospitalaria a la pandemia y la elección de los ciudadanos del resto de España de ir a Madrid a tratarse enfermedades importantes-, los mejores transportes y la mejor educación, con el impulso del bilingüismo en inglés.

No, Madrid no es desleal con el resto, sino que gracias a la mejor marcha de Madrid, los madrileños aportan generosa y gustosamente más de 4.000 millones de euros al año al Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales para que las regiones menos prósperas puedan gozar de unos niveles aceptables de Sanidad, Educación o Servicios Sociales. Es más, debido al arbitrario tope del fondo de competitividad del Sistema de Financiación, diseñado contra Madrid, la Administración General del Estado se queda todos los años con entre 550 y 800 millones de euros que le corresponderían a Madrid de no existir dicho tope, y que tampoco va a financiar a ninguna otra región.

Deslealtad es perseguir, asfixiar y querer prohibir el ejercicio de las competencias que tiene una región, con el agravante de que es ineficiente para toda España, al tratar de acabar con la prosperidad demostrada que dicha política consigue.

Montero, en lugar de perseguir a Madrid -tampoco tiene la primicia en ello, pues el Gobierno anterior también se ensañó con Madrid, a la que no pudo vencer, con lo que Montero debería tomar buena nota de las derrotas que sufrió Montoro en esos ataques, que no llegaban a este nivel de dureza- haría bien en animar a las regiones a que copiasen a Madrid, porque toda España prosperaría más. No se entiende este interés enfermizo por arruinar a los madrileños -eso sí que es deslealtad-, que supondría también la ruina del resto de españoles, ya que la solidaridad de Madrid, si se empobrece, no podrá ser tan elevada como ahora.