De Misisipi a Cataluña 55 años después

De Misisipi a Cataluña 55 años después
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El 30 de septiembre de 1962, James Meredith, fue el primer estudiante afroamericano en matricularse en la Universidad de Missisipi. La noticia surgía cuando el gobernador del estado, un destacado segregacionista, Ross Barnett, declaraba su oposición a tal incorporación, que por un lado no garantizaba la seguridad del estudiante y por otro lado, agitaba a las masas locales con mensajes en la radio contra el gobierno federal de Kennedy, con frases tan sonadas actualmente como, «no aceptaremos las imposiciones que vengan de Washington».

 El campus de la universidad se convirtió en un improvisado campo de batalla, donde segregacionistas llegados de todo el estado, increpaban al estudiante afroamericano y a sus simpatizantes. La pasividad del gobernador ante la turba contra la que no utilizó la fuerza de la policía local, obligó al fiscal general Robert Kennedy, a acudir a la fuerza federal y el propio presidente a enviar a la zona miembros de la policía militar, guardia nacional y finalmente el ejército. 

 En el trascurso de los días, el alumno fue a las clases, el gobernador multado y procesado por desacato. Los Estados Unidos ante un gravísimo problema social, como era el segregacionismo, demostró que sus instituciones y la ley permanecerían por encima de las vías de hecho, de la violencia verbal y el autoritarismo del fanatismo racial. 

 Por ello, y  a colación de los sucesos dictados por el parlamento de Cataluña, cabe destacar que una democracia vale, lo que valen sus instituciones. Lo que se discute no es si el 1 de octubre hay democracia o no, sino, si vence la ley frente el chantaje. Porque democracia no es simplemente votar. ¿Acaso era democrático impedir al afroamericano Meredith acudir a la universidad, porque así lo quería la mayoría? Democracia es decidir, conforme el marco previo legal y acorde a la normas constitucionales. El experimento de votar por votar sin respeto a la Constitución, fue el responsable del auge de Hitler que desde el parlamento, legítimamente escogido, fue mermando a la oposición.

 Lo que se discute es, si se permite el autoritarismo de quienes desde el parlamento de Cataluña han violado sus propias leyes, sus mayorías, sus normas, como ha sido a su Estatuto de Autonomía -que para reformarse requiere 90 diputados, pero para aprobar la desconexión con España les basta con 72- , o si prevalece la democracia real de quienes desde el respeto a la ley como símbolo de la soberanía popular de todos y no de unos pocos, se garantiza. El peso del estado español como democracia que garantiza su división de poderes frente a quienes quieren copar todas sus decisiones, se ha desencadenado como el engranaje de un reloj. Un juez instructor, el Tribunal Constitucional y las fuerzas del orden actúan como no podía ser de otra manera, acorde con la ley. Ya que sin la ley, -norma emanada del poder legislativo conforme a su formalismos- que dote de orden no hay derechos, ni libertad. El actual desafío no es menor que el que enfrentó a Kennedy hace 55 años, entre la ley y las masas. Ante el cual solo cabe esperar que las instituciones estén a la altura de las circunstancias y la política recupere su papel principal de respeto al contrario del debate de ideas y en definitiva, de la búsqueda del bien común; ya que ahí es donde reside el fin real del arte de gobernar. En palabras de Adolfo Suárez: «La sustancia de la democracia consiste en discrepar de un adversario al que se comprende».

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