La mesa de negociación es antidemocrática

Me preocupa mucho que la inmensa mayoría de los españoles vea la “mesa de diálogo” entre los golpistas catalanes y Pedro Sánchez como un asunto y no como un reto a la democracia. Por eso quiero insistir en la trascendencia que tiene para el orden constitucional y para nuestras libertades. La mesa no es un tema ideológico sino pre-político pues su constitución y mantenimiento afecta a los derechos de todos los españoles. He aquí algunos argumentos básicos, de pedagogía democrática, sobre lo que representa esa Mesa y los motivos por los que tenemos el deber democrático de oponernos a ella:

1. Poner en marcha una mesa extraparlamentaria para acordar cualquier cuestión que tenga que ver con la estructura del Estado es atacar directamente la Constitución.

2. Modificar la estructura del Estado para introducir novedades vinculadas con las pretensiones históricas del nacionalismo y del separatismo golpista es un acto de rebeldía constitucional.

3. Discutir con los sediciosos golpistas de cuestiones que habrían de tratarse en el Parlamento es marginar las instituciones de la democracia; hacerlo mientras los golpistas insisten en que volverán a repetir el golpe es un acto de complicidad con los condenados por dos de los más graves delitos contra la democracia: sedición y malversación de caudales públicos, es un acto de traición.

4. El Gobierno de España no tiene legitimidad democrática ni legal para negociar con el Gobierno de Cataluña ninguna cuestión que afecte a la soberanía nacional. Reconocer a un gobierno autonómico capacidad para proponer una reforma del marco institucional al margen de los respectivos parlamentos es un acto de caudillismo impropio de una democracia.

5. Cualquier propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña sólo será legítima si se emprende a través de los procedimientos previstos para su debate en el Parlamento de Cataluña y en las Cortes Generales, y asume los límites previstos en la Constitución.

6. Admitir una negociación política con los golpistas al margen del Parlamento, sin luces ni taquígrafos, es asumir el discurso de los delincuentes condenados por sedición y malversación, es aceptar la existencia de un “problema catalán” cuya solución parece exigir el reconocimiento del “derecho a decidir”, la aceptación de la “territorialidad” o la nación catalana, que obligaría a conseguir una forma diferente de vinculación entre la Comunidad Autónoma de Cataluña y España y las transferencias necesarias para establecer entre ambos una vinculación confederal.

7. Los problemas con los que los independentistas sediciosos y golpistas y el nacionalismo histórico han lastrado a Cataluña no se arreglan con más nacionalismo; las concesiones a quienes han generado la mayor crisis de convivencia entre catalanes y de estos con el resto de españoles tendrían como consecuencia un incremento de la insolidaridad entre ciudadanos y la ruptura de la cohesión entre españoles.

8. Si de la negociación en la mesa extraparlamentaria saliera un acuerdo para cerrar «el conflicto» según el discurso de quienes perpetraron un golpe contra la democracia, la humillación y persecución a los catalanes que no reniegan de su ciudadanía y no se pliegan a las consignas de los separatistas, la discriminación por razones ideológicas que han sufrido tantos y tantos catalanes, la persecución a las familias que quieren utilizar la lengua común en sus relaciones con la administración o en la educación de sus hijos, la resistencia en defensa de los valores democráticos de los catalanes que defienden el orden constitucional y las instituciones… no habrían servido de nada. Y el delito no tendría condena sino premio.

9. El reconocimiento del “derecho a decidir” no quiere decir derecho de autodeterminación en el sentido reconocido por la ONU para los países en situación colonial u ocupados militarmente, o no quiere decir nada más que el derecho de la ciudadanía a decidir con su voto la composición de los distintos centros de poder político. Entendido en el primer sentido, no cabe ni en la Constitución española ni en el derecho internacional. En el segundo, los españoles ya ejercemos ese derecho de libre determinación cada vez que vamos a las urnas.

10. La mesa extraparlamentaria es, pues, antidemocrática, y además es inútil. Es antidemocrática porque la eventual reforma del Estatuto no se plantea porque el vigente tenga limitaciones. Si así fuera se hubieran planteado propuestas concretas de modificación. Lo que ha habido hasta ahora han sido enmiendas a la totalidad inspiradas en principios incompatibles con la Constitución e inspirados más en razones ideológicas que en disfunciones reales. Y es inútil porque las demandas de los golpistas no se sacian con concesiones; la integración social no se consigue con más nacionalismo y la convivencia democrática no es posible en una sociedad que no tenga claro que no hay razón ninguna que justifique un golpe contra la democracia.

Creo que está meridianamente claro que el objetivo final de la mesa es conseguir aquéllo que los golpistas no lograron el 1-O de 2017. Todos los españoles de bien estamos obligados a oponernos a ese objetivo antidemocrático y a denunciar a quienes lo promueven, consienten e instigan. A los golpistas y al gran impostor, Pedro Sánchez Castejón.