Memoria no es democracia

La Memoria Democrática es otro oxímoron de los que tanto gusta crear a la izquierda. Ya saben, socialismo honrado, PSOE bueno, etc. Por definición, la memoria posee un componente de subjetividad incompatible con la homogeneización, ya sea de sentimientos o verdades, un imposible que sólo satisface a los defensores del mundo que Orwell describió en 1984. Ya estamos ahí, de hecho. La visión sectaria de la historia que el PSOE circunscribe a una ley y exporta en cada aula pública donde la doctrina se hace carne de profe progre, es lo que le permite ejecutar su programa ideológico sin la oposición de la mitad del país. Todo se excusa con base en un ajuste de cuentas sobre un periodo en el que, dicen los revisionistas de la rosa nostra, los demócratas cayeron en manos del fascismo, perjudicando los intereses de una nación que hubiera corrido mejor suerte si los ganadores de la guerra hubieran sido los hijos de Lenin y no la España cansada de una república llena de matones largoscaballeros. La verdad hace tiempo que es castigada por quienes desean un futuro controlado por los mismos que reinventan el pasado.

Cuando Zapatero, el padre de la decadencia actual que vive España, amigo de asesinos caribeños y esbirro del globalismo liberticida que busca destruir Europa, puso las bases para una Ley de Memoria Histórica, apeló a la conciencia de su abuelo, al que no conoció, para avanzar en su idea de atrincherar la nación en dos bandos para siempre, consciente de que, en esa deriva, su idea totalitaria del Estado triunfaría. Sánchez sólo ejecuta hoy lo que quedó plasmado en los planos y planes de JoseLuí, a quien no estaría de más que se le recordara cómo su militar abuelo, Juan Rodríguez Lozano, defendió junto a Franco la legalidad republicana frente al levantamiento socialista y anarquista de 1934. Si su ancestro hubiera fallecido en los tiroteos de entonces por los sublevados del partido de ZP, las reparaciones históricas y la justicia democrática serían diferentes. O no, porque ya sabemos que el asesor de Maduro gusta y acostumbra a la traición.

La guerra civil española fue consecuencia de un proceso de depauperación de la convivencia, cuya responsabilidad, -lean un poco, zurdos, hagan el favor- no vino de las fuerzas reaccionarias que la historiografía postfranquista impuso sin debate alguno, con Tuñón de Lara y Paul Preston a la cabeza, sino por la misma izquierda que alteró los resultados legítimos de 1931, obligando al exilio a Alfonso XIII cuando las candidaturas monárquicas ganaron las elecciones. La misma izquierda reunida en torno a un Frente Popular avant la lettre que no aceptó la victoria de la derecha política en 1933 y un año después, ejecutó un golpe de Estado con origen en Asturias y extensión en Cataluña y otras zonas de España. Ahí empezó lo que, en 1936, con un PSOE rendido a Lenin y con Largo Caballero y Dolores Ibárruri haciendo de arietes patrios del comunismo, terminó por ahormar la impostura siniestra. El acoso, persecución y asesinato de todo el que no era de izquierdas acabó por convencer a los más fervientes defensores de la República de su conveniente final.

Mientras Sánchez y el PSOE insisten en imponer su visión de la mentira, en Baleares, el gobierno del PP se inclina ante la izquierda que crea leyes para etiquetar a los populares como asesinos y cómplices. En esa infinita tontuna de Estocolmo, porque ya no es síndrome, se niega a eliminar una ley que permite a su adversario reescribir lo que pasó y convertir a quienes dieron tres golpes de Estado en cinco años en honorables defensores de la decencia democrática. La memoria socialista no es histórica (aún menos democrática), sino una reimpresión con dinero público de los recuerdos más íntimos del país.

Hay que insistir: la memoria no es democracia, como en pérfido eslogan repiten ahora los promotores del nacional sanchismo. Porque cada uno tenemos la nuestra, insertados los recuerdos según las lecturas, cuentos populares y relatos de familiares que vivieron el suceso. Colectivizar lo que es algo de estricto ámbito personal supone oficializar por decreto una versión única e indivisible del pasado, que no busca justicia ni reparación, sino venganza y oprobio. La democracia y el respeto a las libertades exigen amparar dichos recuerdos y la memoria individual de los actores que protagonizaron tan infausto episodio de nuestra historia. Y para ello, la oposición al mecanismo político, legal y educativo que el socialismo ha creado para eliminarlas es una obligación moral ineludible.