Lo que funciona, no se toca, la Constitución, tampoco

Lo que funciona, no se toca, la Constitución, tampoco

La Constitución española cumple 40 años y nuestro país necesita que esté más vigente que nunca. El golpe de Estado independentista en Cataluña, la violencia proetarra en el País Vasco y Navarra, las veleidades del comunismo bolivariano y la laxitud de un Gobierno connivente con todos ellos la hace imprescindible. Este difícil contexto debe provocar la unión de los partidos constitucionalistas y la reacción de los ciudadanos. Una reacción que ya ha comenzado en Andalucía, donde los votantes han mandado un mensaje claro al encargar a la derecha y al centroderecha que protejan los principios de unión y concordia que emanan de la Carta Magna de 1978. Por el bien de España, este comportamiento debería ser imitado en las próximas elecciones autonómicas y locales, ya que el documento funciona y, precisamente por eso, no hay que tocarlo. Entre otras cosas porque los que piden su modificación son los mismos que quieren romper España. Como bien ha señalado Felipe VI este mismo jueves, hay que preservar los ideales de la Constitución «sin olvidarlos ni desvirtuarlos».

Por mucho que en los últimos tiempos los golpistas catalanes y los comunistas bolivarianos de Podemos hayan tratado de acabar con eso que denominan de manera despectiva como «régimen del 78», la única verdad es que estas cuatro décadas han sido las más prósperas y pacíficas de toda nuestra historia. Un legado que hay que proteger y apuntalar para que los radicalismos no acaben con él a golpe de kamikaze irresponsabilidad. Por ejemplo, sería un error supremo cambiar la Máxima Norma de nuestro país para dar vigencia a un nuevo Estatut que no fuera otra cosa que el remedo del que rechazara definitivamente el Tribunal Constitucional en 2010. Una idea que ya ha deslizado el PSOE en varias ocasiones. La única reforma de la Constitución posible es aquella que redunde en una mejora de la convivencia entre todos los españoles, pero, al mismo tiempo, que sea escrupulosa con el respeto a la unidad de España, a su Hacienda y, por supuesto, al Estado de Derecho.

Así se reforzaría ante el chantaje circunstancial de pseudopolíticos como Carles Puigdemont o Quim Torra. Entre los pocos cambios que habría que afrontar estaría el anacronismo que establece un privilegio del varón sobre la mujer en la sucesión de la Jefatura del Estado. Algo así atenta contra los derechos fundamentales de igualdad y es una rémora que no podemos permitirnos en pleno siglo XXI. En la nueva realidad, también habría que actuar contra los aforamientos masivos o contra la discriminación lingüística que sufren algunos ciudadanos por el mero hecho de hablar o rotular sus negocios en español y defender la unidad del país. Casos que acaecen a diario en Cataluña y también en el País Vasco, donde un alumno universitario ha recibido una paliza en la Universidad del País Vasco por ese motivo. La Constitución merece el gran «pacto» que ha reclamado la presidenta del Congreso, Ana Pastor, con motivo de esta efeméride. Por otros 40 años más que sean, al menos, tan buenos como las últimas cuatro décadas.

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