Leyes sin democracia en Cataluña

“No hay democracia sin ley, pero en Cataluña también sabemos que ha habido ley sin democracia”, dijo hace un par de días el diputado de Convergencia Francesc Homs ante el Tribunal Supremo en su alegato final en la causa por la que está acusado de desobediencia y prevaricación por haber incumplido una resolución del Tribunal Constitucional. Es absolutamente cierto lo que dice el Sr. Homs. Pero parece una contradicción en su boca cuando, mientras él pronunciaba esas palabras, su partido en el Parlamento de Cataluña solicitaba que “con carácter de urgencia” se modificase el Reglamento de la Cámara para permitir, precisamente, que se puedan aprobar de un día para otro leyes sobre cualquier materia presentadas por el grupo mayoritario, sin someterse a los más elementales principios democráticos: sin trámites, sin discusión, sin posibilidad de enmiendas o propuestas de la oposición, sin poder oír a expertos. En definitiva, “leyes sin democracia” como aquéllas a la que se refería el Sr. Homs.

A pesar de que, lógicamente, es la mayoría parlamentaria la que en democracia decide finalmente sobre la aprobación o no de cualquier ley, los sistemas democráticos prevén un trámite legislativo que garantiza a la oposición, ante cualquier propuesta de la mayoría, la oportunidad no solo de oponerse y votar en contra, sino también de presentar enmiendas, convocar a expertos para que ilustren a los diputados sobre la materia, transaccionar sobre la propuesta inicial y en definitiva dar su visión y opinión fundada sobre el proyecto más allá de apoyarlo u oponerse a él en una única votación. Es una de las manifestaciones del derecho fundamental de participación política reconocido por nuestra Constitución a todos los ciudadanos, y que ejercen mediante sus representantes democráticamente elegidos.

Junts pel Sí quiere, mediante esta propuesta de cambio de las reglas del juego y abusando de su mayoría parlamentaria —que no social—, robar a los representantes de la mayoría de los catalanes su derecho a oponerse democráticamente a las iniciativas separatistas que los independentistas tienen guardadas en un cajón y no quieren enseñar hasta el momento oportuno, tal como ya se han jactado de reconocer públicamente. Pretenden así poder presentar su “ley” para declarar la independencia cualquier día por la mañana, que la admita la Mesa y la Junta de Portavoces el mismo día abusando de sus mayorías en esos órganos y que esa misma tarde la apruebe el Pleno del Parlamento dando 10 minutos de turno de palabra a cada grupo de la oposición, eso es todo. Y ya está. Esa es su idea de la democracia parlamentaria, y de la democracia en general.

Quieren dar apariencia de legalidad a un fraude democrático en toda regla que pisotea los derechos de la mayoría de los catalanes y que sería la vergüenza más absoluta del independentismo a ojos de cualquiera. Afortunadamente, su supuesta astucia es solo eso, supuesta. Y en los estados democráticos y de Derecho como España existen mecanismos democráticos suficientes para impedir que los políticos se salten las leyes a su antojo. Ya no engañan a nadie.