El intervencionismo en los alimentos generaría miseria

Yolanda Díaz sigue empeñada en intervenir la economía hasta el último de sus aspectos, como demuestra su pertinaz insistencia en establecer un precio máximo a los alimentos, en especial a la carne, pescado, frutas, verduras, leche y huevos, entre otros productos.

Así, quiere aprobar e imponer un control del precio de los alimentos, en un nuevo ataque a la libertad de empresa y en un desprecio hacia quienes les cuesta mucho mantener en pie un pequeño negocio, que son los que menos tienen capacidad para absorber los incrementos terribles de costes que sufren y quienes, por tanto, más pueden tener que trasladarlos a los precios, para poder subsistir.

Con todo este intervencionismo en los precios, no conseguiría nada más que incentivar la perniciosa economía sumergida, reducir la oferta y generar escasez por el menor número de alimentos que habría como consecuencia del tope de precios, pues si se fijase un precio máximo por debajo del precio de mercado, la oferta se reduciría y, en ese caso, o se racionan los productos o se compran mediante orden de llegada, que formaría grandes colas.

La introducción de precios máximos y de precios mínimos no tiene ningún sentido y son decisiones económicas irracionales, que sólo conducen a distorsionar el libre juego de la economía y, con ello, la generación de actividad económica y de empleo, porque dichas distorsiones lo que producen es una disminución de las transacciones, con el efecto negativo que se extiende por todo el tejido productivo.

Parece que la izquierda siempre recurre al intervencionismo para tratar de solucionar cualquier problema que es agravado por su gestión. En Venezuela, ante la hiperinflación deciden subir exponencialmente el salario mínimo, provocando una mayor espiral inflacionista. Aquí, podemos quiso nacionalizar las eléctricas con motivo de la pandemia. Recientemente, Sánchez ha limitado el precio del gas. Ahora, Díaz encabeza la parte del Gobierno que quiere limitar el precio de los alimentos. Es tan disparatada esta medida, que, una vez más, los miembros del Gobierno se pelean entre sí.

En lugar de tanto intervencionismo, lo que el Gobierno tiene que hacer es reducir tanto gasto improductivo como hay, donde despilfarra ingentes cantidades de dinero público, es decir, de dinero que le extrae a los ciudadanos coercitivamente mediante impuestos, que eleva la deuda, poniendo en riesgo los servicios esenciales ante la subida de tipos de interés, pues habrá que dedicar más recursos al pago de intereses. Además, tiene que reducir impuestos y deflactar la tarifa del IRPF, porque asfixia a las familias y empresas con la inflación, de la que se aprovecha para incrementar la recaudación y cubrir el incremento de gasto, pues el déficit apenas lo reduce. Debe dejar que el mercado funcione y no seguir perjudicando a la economía con tantas medidas tan dañinas y disparatadas, que si no fuese porque las hemos escuchado, pensaríamos que son de Cuba, Venezuela o Corea del Norte, por poner algunos casos de los últimos y más fieles seguidores de la política económica ruinosa de la antigua URSS.

En definitiva, la introducción de precios máximos y mínimos es un argumento populista, electoralista y demagogo, pero no hace ningún bien ni al conjunto de la economía ni a los supuestamente beneficiados, porque en el medio y largo plazo terminarán siendo perjudicados. Tratar de corregir los deseos de demandantes y oferentes -es decir, los deseos del mercado, pues es lo que conforman ambos agentes económicos- es absurdo, no alcanza los objetivos que dice perseguir y, además, genera otros completamente contrarios y negativos para la propia economía, empobreciendo más todavía a familias y empresas.

A cada medida absurda, dañina, equivocada, disparatada y populista, queda claro que el Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, no están capacitados para gobernar en tiempos de dificultad, porque ni tienen experiencia ni conocimiento para ello, como demuestran los hechos, con alguna contada excepción, si es que quien pueda ser excepcionado no desiste de sus conocimientos por imperativo de obediencia política para no ser destituido por Sánchez.