La gran ruina

Se dice que la España Constitucional es un estado social y democrático de derecho. Es posible que lo haya sido alguna vez. El lamentable espectáculo de tratos ilícitos entre el Presidente del Gobierno, ¿en funciones?, y un delincuente reclamado por la justicia por un grave delito contra la seguridad del Estado, difumina los tres conceptos hasta hacerlos irreconocibles. El Estado está en almoneda, al coincidir con la calificación de frágil, o lo que es lo mismo aquel que es incapaz de ejercer sus funciones.

¿Cómo se ha llegado hasta aquí?. Pues lo lógico es pensar que el Estado de las Autonomías no es viable. En 1978 la Constitución sorprendía al reconocer derechos incompatibles como el de la autonomía, la igualdad de los españoles ante la Ley, a la vez que mantenía excepciones forales. Pronto quedó patente que los españoles eran desiguales ante la ley en asuntos de tal importancia como en la representatividad de su voto en las elecciones al Parlamento, propiciadas por una Ley Electoral simplemente discriminatoria, o que el idioma español era oficial en todo el país aunque se ha permitido lo contrario.

En aquella primera época ya saltaron las alarmas del desmadre por venir y la denominada Ley de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que pretendía arreglar el entuerto, fue arrinconada por el PSOE. Desde ese momento, las asimetrías territoriales crecieron y los barones autonómicos marcaron las líneas de falla de los partidos nacionales. El PSC anunció un modelo de desmadre autonómico, proclamado por el nefasto Presidente Rodríguez Zapatero, al admitir la libertad estatutaria.

La trayectoria política de España ha sido tutelada desde el punto de vista de los tribunales de forma flexible. El Constitucional guarda semblanza con una tercera cámara y en la actualidad no hay mas que ver como reacciona ante asuntos políticos. Último exponente el de que la Sala de Vacaciones no puede atender la queja del sedicioso Puigdemont, como interlocutor del Presidente en funciones, a ratos, hay que tratarlo en un Pleno.

Pero lo más deplorable era cuando por pura oportunidad política se deja al Estado indefenso al abolir entre otros, el delito de sedición. Podría haberse alegado traición por el Presidente del Gobierno, pero el delito fue blanqueado años atrás por el PSOE limitándolo al marco internacional. No existía precedente y la reacción por parte de la oposición fue correcta políticamente.

A partir de ahora es imprevisible lo que pueda ocurrir. La reacción popular es de mutis por el foro, ante el derrumbe del Estado. Es curioso, pero cuando se suprimen las formalidades jurídicas se entra en la anarquía. ¿Cómo un diputado del Congreso puede tomar su cargo dando a entender que no admite la Constitución?. Orgullosa debe estar la señora Armengol de su ocurrencia. ¿Es progresismo?, difícil de definir el término, vuelve a ser traición. Tal vez por esto está donde está.

La solución de la situación actual es difícil, la más difícil desde la promulgación de la Carta Magna, superando con mucho el 23F. La democracia no es un régimen de vaivenes, o se cumple la ley o se comete delito. Un Presidente del Gobierno como Sánchez, en Francia, Alemania, Holanda o Reino Unido, hubiese durado horas, aunque lo más seguro es que nunca hubiese llegado al cargo, pues en un partido verdaderamente democrático no hubiese promocionado, lo hubieran echado.

Otra circunstancia que fuerza a Sánchez a protegerse en el cargo, es que deja a España arruinada. Siendo una petición de los que quieren irse que les condone la deuda es el colmo de la insensatez. Es difícil describir una sinrazón, pero de eso está llena la Historia reciente. Un 18 de diciembre de 2019 se publicó en EL MUNDO mi artículo Pedro Sánchez, un problema para la seguridad nacional. Era fácil de prever, iba por el peor camino y con la peor compañía.

Ahora los tenemos en la Mesa del Congreso. ¿Qué hemos hecho para impedir este terrible viaje? Aunque Sánchez es un felón y un autócrata, la derecha pusilánime es coparticipe del desastre. Su comprensión, moderación, liderazgo pobre y blandenguería, hacen una oposición sin garra y sin un proyecto unido. Los gobiernos autonómicos han sido su perdición, dada la falta de un acuerdo nacional, lo que ha sido pieza fácil para la propaganda roja. Hay que reconocer que en propaganda son muy buenos, para hacer el mal.

Para salvar a la democracia española no hay que andarse con remilgos, el Parlamento no funciona. Los que creemos en la democracia tendremos que hacer un esfuerzo sobrehumano para salvar la situación.