Un Gobierno a la deriva y la deriva del Gobierno

Una vez iniciada la séptima semana de encierro de los ciudadanos ordenado con el estado de alarma y del cierre productivo de gran parte de la economía impuesto por decreto, no logramos ver un plan trazado por el Gobierno que nos permita tener fe en que se está combatiendo la crisis del coronavirus en su doble vertiente -sanitaria y económica- ni se vislumbra que podamos esperarlo próximamente.

El presidente Sánchez parece que sólo tiene un plan: tratar de conseguir que el virus desaparezca mientras mantiene el encierro de la población. Ante la ausencia de ideas y medidas para afrontar de frente el problema, opta por fiarlo todo al encierro de la población, pero eso sólo tiene efecto en el cortísimo plazo. Debido a la imprevisión del Gobierno, a no haber actuado a tiempo con medidas preventivas y de resguardo de los grupos de riesgo, que hubiesen evitado las durísimas medidas ordenadas el catorce de marzo e impedido la saturación de la capacidad sanitaria, nos encontramos ahora en una especie de túnel cuya salida no vemos, porque el Gobierno, con el desistimiento de sus obligaciones, alarga su longitud, sin saber si el hecho de que lleguemos a ver la luz puede ser un espejismo o una realidad.

El Gobierno está superado y se encuentra a la deriva. Si los ciudadanos tachan los días para ver cuándo pueden recuperar su libertad, su empresa y su puesto de trabajo, para comenzar a reactivar toda la actividad y la vida normal, no una “nueva normalidad”, sino la normalidad sin adjetivos, basada en nuestra Constitución, en el Estado de Derecho que conforma y en la economía de mercado, Sánchez parece que tacha los días en una cuenta que sólo significa la permanencia una jornada más en el poder. Si el Gobierno al principio no fue previsor o retrasó medidas más suaves para no impedir la manifestación política del ocho de marzo, ahora es un Ejecutivo incompetente: ni sabe comprar en el mercado, sufriendo engaños en los test o en los equipos de protección, ni se provee adecuadamente de test fiables para realizárselos masivamente a la población y poder separar a los contagiados para que pasen la cuarentena y reciban, si necesitan, tratamiento médico, mientras se deja a los no infectados que reanuden el trabajo, ni da instrucciones claras con ninguna medida que adopta.

En materia económica, más de lo mismo: realizan anuncios, como la liquidez de los 100.000 millones que llegarían a movilizar un total de 200.000 millones, pero después se quedan en nada: avales en paquetes más pequeños, que se ponen en marcha tarde, que no terminan de llegar al grueso del tejido productivo, y cuya tramitación es muy lenta, mucho más de lo que necesitan las empresas, que se mueren de liquidez al llevar ya casi mes y medio sin poder ingresar nada en muchos casos. Por otra parte, la burocracia administrativa está impidiendo que los afectados por los ERTE’s cobren su prestación, dejando a cuatro millones de personas sin ingresos durante más de treinta días, que puede llevar a muchas familias a una situación insostenible.

Ante todo esto, el presidente Sánchez sólo acierta a decir que hay horquillas muy amplias en las previsiones de caída económica, pero que el impacto será importante. Es cierto que esos intervalos son amplios, porque dependen de cómo se gestione esta crisis, de las medidas que se adopten para no dejar morir al tejido productivo y de la confianza que pueda generar dicha gestión. Sin embargo, el Gobierno va a la deriva, nos lleva a la deriva.

Y dentro de esa deriva, los miembros de Podemos, sin que Sánchez se oponga, están intentando que la deriva del Gobierno sea comunista: prohíben el despido, quieren introducir una renta mínima permanente que puede generar desincentivo al trabajo y clientelismo político, sueñan con nacionalizar empresas y pretenden asestar un golpe definitivo a la hostelería, hoteles, ocio y turismo en general manteniendo su cierre hasta diciembre, que heriría de muerte a una economía como la española, donde un tercio de su PIB depende de esas ramas de actividad económica.

El PSOE no puede permitir que esto suceda. Es un partido que, mejor o peor, ha gobernado España durante casi veinticinco años, y no puede permitir que un Gobierno a la deriva termine devorado por la deriva comunista, que empobrecería a la población española y mermaría sus libertades. Si Sánchez no reacciona -todavía podría, pero debería hacerlo inmediatamente-, el PSOE debería buscar a otra persona ahora, sin dilación, porque después puede ser demasiado tarde para todo, tanto para la prosperidad como para la libertad de los españoles.