El futuro no puede esperar

El informe de Cáritas presentado la semana pasada confirma el imparable crecimiento de la pobreza en España, con un dato también preocupante: 2,5 millones de jóvenes sufren hoy exclusión social en España, el doble que en 2007.

Que los menores de treinta años sean los nuevos pobres en nuestro país demuestra que estamos en un proceso de pauperización generacional inédito, en el que por primera vez los hijos viven o vivirán peor que sus padres.

Según el estudio presentado por la Fundación FOESSA, regida por Cáritas, que aglutina a las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica española, niños y jóvenes se han convertido en «los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual».

Aunque cita en varias ocasiones la crisis de la inflación, llamada «el impuesto de los pobres», Cáritas la vincula a la guerra de Ucrania, cuando el propio Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que admitir que el coste de la vida ya se desbocó antes del conflicto.

También menciona las estrategias empresariales de reducción de costes laborales para aumentar su capacidad de competir, pero nada dice de la voracidad del Gobierno a la hora de aumentar sin freno estos mismos costes, de manera que la carga fiscal que soporta el salario medio de los trabajadores llega a superar la mitad de la remuneración según algunos estudios.

Sin duda, el informe podría haber señalado que las políticas fiscales confiscatorias del Gobierno de coalición socialcomunista son una de las causas del aumento de la pobreza de las familias. Ya suman más de noventa subidas de impuestos y cotizaciones sociales, y sin aplicar la deflactación del IRPF para paliar el efecto de la inflación. Y, lo que es más grave, las marcas históricas de recaudación de este Gobierno se producen en paralelo a un imparable deterioro de los servicios públicos.

En contraposición, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha deflactado su tramo autonómico, ha acometido treinta y dos bajadas de impuestos y ha eliminado todos los propios. Y esto, además de aumentar la recaudación, contribuye a la creación de empleo, el nacimiento de nuevas empresas y la atracción de inversión, factores en los que Madrid es líder en España.

Sin olvidar el compromiso con la solidaridad con el resto de los españoles, ya que la Comunidad de Madrid financian el 70% de los fondos que costean los servicios públicos de otras regiones. Y ello garantizando el buen sostenimiento de los propios, que en calidad aventajan al del resto de las comunidades.

Entre las conclusiones del informe de Cáritas quiero destacar «el fuerte efecto preventivo» que tiene la educación contra la exclusión social. Para reforzarlo propone intervenir ante el abandono educativo temprano y la segregación, aumentar las becas, universalizar la educación infantil o reforzar los programas inclusivos en las aulas.

Pero llama la atención que, entre estas conclusiones, el informe no ponga sobre el tablero el incuestionable deterioro de la calidad de nuestro sistema educativo público.

La abolición del mérito y del esfuerzo individuales, como señas del «pecado neoliberal», señala precisamente el fracaso de las leyes educativas socialistas, que han sido casi hegemónicas en la vida española del último medio siglo y vienen provocando desde entonces la decadencia de la educación pública.

Leyes concebidas y programadas sobre la convicción de que conseguir las metas que uno se propone con mérito y esfuerzo es una forma de «discriminar» al que fracasa. Por ello, para que no exista «discriminación» entre quien aprende y quien no, hay que conseguir que ninguno lo haga.

La pretendida igualdad educativa, rasando por lo ínfimo los logros del alumnado e instaurando la igualdad en la mediocridad, representa la auténtica demolición de ese «ascensor social» que ha venido siendo la educación. O mejor, dicho, «escalera social», porque esta expresión denota esfuerzo y mérito, conceptos que se estigmatizan en nombre de una falsa «justicia social».

El informe reconoce que «la expansión educativa ha mejorado los niveles de movilidad social», pero no se pregunta por qué. En primer lugar, que el hijo de un modesto agricultor logre una titulación universitaria y desarrolle después una brillante carrera profesional en su campo demuestra, sin duda, la necesidad de las medidas que aseguren la igualdad de oportunidades.

Pero esto no resta un ápice al mérito y el esfuerzo del universitario, de cuyo padre aprendió a diario la importancia de estos mismos principios para la vida, sin que se entiendan como propiciatorios de la desigualdad, sino todo lo contrario, como es su caso.

En segundo término, que la educación siga siendo garantía de movilidad social depende de que logre alcanzar su principal objetivo, que es la transmisión de los saberes y valores de una a otra generación. Si la escuela no cumple con esta misión, no puede sorprender a nadie que se constate en nuestra sociedad uno de los efectos más perjudiciales de la pauperización educativa, que es la pauperización económica generacional que denuncia el informe de Cáritas.

Sin libertad, conocimiento, esfuerzo, talento e innovación de las personas no hay futuro para nuestra sociedad. Lo contrario son los lemas colectivistas que se presentan como solución a las desigualdades, lemas a los que se apela con esa obstinada y ciega insistencia de la que hablaba Arthur Koestler: el comunismo fracasó porque los de antes no lo supieron aplicar, pero ahora nosotros lo haremos bien.

La caída o, mejor dicho, el derribo del Muro de Berlín, del que se acaba de cumplir el aniversario, parece haber perdido su fuerza aleccionadora, que es la de demostrar el rotundo fracaso de los sistemas políticos que tratan de destruir los valores del individualismo en nombre de un pretendido igualitarismo social. Sistemas que acaban derivando en un siniestro aparato de poder copado por individualistas enriquecidos a costa de la miseria colectiva e igualitaria de todo el pueblo.

Son los valores liberales los que generan riqueza y avances en la sociedad, que debe ser una sociedad de oportunidades, pero con fórmulas que las aseguren realmente, como es la educación basada en la defensa de la autoridad del profesor, la disciplina, el mérito y el esfuerzo, sin olvidar el apoyo a los más vulnerables.

Todos estos son valores que la Comunidad de Madrid ha promovido siempre desde sus competencias, poniendo en marcha desde hace tres décadas una auténtica revolución educativa bajo principios liberales, que garantizan que Madrid sea una de las regiones con menor tasa de abandono escolar temprano.

También es la comunidad autónoma que lidera los indicadores de matemáticas, ciencias y comprensión lectora del informe PISA 2022, estudio educativo de referencia mundial. Madrid se ha situado por vez primera entre las diez mejores puntuaciones, la sexta concretamente, en un total de 80 países.

Ante una izquierda sectaria que está dispuesta a sacrificar las oportunidades de ascenso social de los alumnos, sobre todo los más necesitados y vulnerables, antes que reconocer el fracaso de sus consignas, el esfuerzo y el estudio son la vía para que pueda verse cumplido el sueño de todos los padres, que es que sus hijos puedan disfrutar de una vida mejor que la suya.

Hoy esto se defiende desde posiciones liberales y conservadoras frente a una izquierda decidida a anteponer a machamartillo sus prejuicios sobre la realidad, levantando un muro entre generaciones, a un lado del cual las nuevas vivan peor que las anteriores. En esto se empecinan desgraciadamente los que hoy nos gobiernan, y ahí están los resultados. Pero el futuro de los jóvenes no puede esperar.