Fase 1 y CCAA: límites incomprensibles

Tras las últimas disposiciones del Gobierno, media España ha entrado en fase 1, y la otra media no. Entre las medidas de flexibilización del confinamiento que permite la nueva fase, se permite desplazarse a la segunda residencia o acudir a realizar compras fuera del entorno próximo con tal de que sea dentro de la misma provincia. La única excepción a esto se ha logrado para la Comunidad autónoma vasca: cabe ir de un municipio a otro, aunque esté en diferente provincia (¡que bien trabaja el PNV, oiga!).

La medida adoptada genera resultados profundamente negativos e injustos. Por ejemplo, un bilbaíno que tenga segunda residencia dentro del territorio de Vizcaya (provincia de poca extensión, lo cual dificulta la posibilidad), podrá desplazarse a la misma. Si, en cambio, la segunda residencia estuviese en Castrourdiales (Santander) o Medina de Pomar (Burgos) entonces no podrá irse, porque ello implica salir de la Comunidad Autónoma. La medida es tremendamente injusta, pues si aplicamos el mismo criterio provincial a provincias extensas como la de Lugo o la de Badajoz, resulta que se permiten desplazamientos intra-provinciales de 200 kilómetros cuando en zonas donde limitan varias provincias, y es frecuente el salto de provincia o comunidad autónoma, no se pueden cubrir distancias ni de 50 kilómetros.

La situación se hace especialmente dura en lo que podríamos llamar áreas socioeconómicas inter-autonómicas: zonas donde la principal ciudad sirve simultáneamente a un entorno de dos o más autonomías. Algo que sucede por ejemplo en Tudela (Navarra) con pueblos de Aragón y La Rioja, o Ribadeo (Galicia) respecto al occidente de Asturias.

Podemos comprender que no se permita el cambio de provincia o de comunidad autónoma cuando este cambio implica el salto de zona en fase 0 a zona en fase 1 (por ejemplo, Hellín hacia Murcia, Fraga hacia Huesca, o Valdeorras hacia Ponferrada). Pero limitar el cambio de provincia o de comunidad autónoma dentro de un amplio territorio en fase 1 (como ocurre por ejemplo entre Galicia y Asturias, Cantabria y Euskadi o Murcia con Almería), es un sinsentido que genera enormes agravios e injusticias. La regla sería mucho más equilibrada si permitiese desplazamientos hasta un máximo de kilómetros dentro de una zona en igualdad de fase. Lo demás, es convertir en la práctica España en un país de países donde se hacen perjudiciales las fronteras. Algo que sería perfectamente defendible como propuesta de cambio constitucional, pero que a día de hoy va contra nuestra Constitución.

Más allá del Estado de alarma, las fronteras autonómicas plantean un problema grave que nunca se ha querido abordar, aunque solo se ponga de manifiesto en condiciones excepcionales. Hace pocos años, un vecino de Labastida (Rioja alavesa) falleció porque tenían que llevarlo al hospital de Vitoria (a 70km) y no al más cercano de Logroño ¡porque había un límite administrativo autonómico! Sin llegar a ese nivel de gravedad, hoy por hoy hay niños que deben ir al Colegio a 10 kilómetros o más de su aldea teniendo a 2 km un colegio en la comunidad autónoma vecina. Los partidos que dicen creer en la unidad nacional deberían plantear algún día una Ley de zonas limítrofes que reconociese siempre el derecho al servicio público más cercano. Seguir como hasta ahora es hacer que las CCAA, en lugar de mejorar la vida de la gente, la empeoren.