Durante los tres años largos que Pedro Sánchez lleva en el poder (dos en coalición con la extrema izquierda) los empresarios y emprendedores españoles han intentado capear pacientemente y con mucho sufrimiento dos pandemias.

La primera relativa a la producida por el COVID19 que puso durante un año en modo hibernación el conjunto de la macroeconomía y muy especialmente la micro y la sectorial. Centenares de miles de empresas quedaron sin vida en las cunetas.

La segunda pandemia para la iniciativa privada y la inversión es el propio Gobierno. No creen en la libertad económica, aunque la aceptan porque no tienen más remedio. Ponen todo tipo de pegas sobre la base de que no es bueno apoyar a los que ellos entienden como “explotadores”. Las grandes empresas y entidades financieras siempre han pasado del asociacionismo empresarial para, desde su potencia y vitola, tratar de solucionar el intervencionismo público a título individual.

Antonio Garamendi, que sí sabe lo que es levantar la persiana a diario, pagar los salarios a final de mes y atender las responsabilidad fiscales y de Seguridad Social, desde la presidencia de CEOE ha intentado convivir con un Gobierno con sensibilidades bien diferentes. Tantas que unos ministros son declaradamente liberales/socialdemócratas y otras decididamente comunistas. Es el peor escenario que tuvieron jamás los anteriores presidentes de la patronal española. Ni Ferrer Salat, ni Cuevas, ni Rosell, tuvieron que enfrentar un poder político tan agresivo e inhóspito.

Ha intentado convivir civilizadamente con lo que hay. Ahora se han caído definitivamente del caballo al ver lo de la contra reforma laboral, la subida en las cotizaciones sociales y la subida generalizada de impuestos. ¡Menudo panorama! Y con unos prometidos fondos europeos que no terminan de llegar y mucho menos, por ende, de repartirse.

En ninguna de las grandes potencias democráticas del mundo libre los empresarios tienen que enfrentarse a una situación como la española. En ninguna.