La cosecha de la aceituna convertida en atraco al agricultor

La campaña de verdeo vuelve a poner sobre la mesa una realidad que Andalucía lleva demasiado tiempo soportando sin resolver. El agricultor asume el coste de producir, el riesgo climático, la mano de obra, el agua, el combustible y los tratamientos, pero cuando llega el momento de vender, se encuentra ante un mercado en el que su capacidad de negociación es mínima y en el que cualquier alteración termina repercutiendo sobre quien menos capacidad tiene para soportarla.

Los datos oficiales muestran hasta qué punto puede cambiar el precio en origen. La aceituna de mesa pasó de una media de 0,88 euros por kilo en la campaña 2022/23 a 1,29 en 2023/24 y 1,42 en 2024/25, mientras que la Manzanilla pasó de 0,94 euros por kilo en 2019 a 1,48 en 2024 y volvió a situarse en 1,35 en 2025. La campaña actual vuelve a mostrar una enorme volatilidad, con la manzanilla pasando en Sevilla de 1,30 euros por kilo en la semana 36 a 0,95 en la semana 39, una caída cercana al 27 por ciento en apenas cuatro semanas.

Una bajada de precios no demuestra por sí misma ninguna práctica irregular. Existen factores objetivos como la producción, los calibres, las existencias o la demanda que pueden explicar parte de estas oscilaciones. Precisamente por eso resulta imprescindible que exista transparencia y que el agricultor conozca qué está ocurriendo realmente, porque lo que no puede aceptarse es que la incertidumbre recaiga siempre sobre quien menos capacidad tiene para soportarla.

Desde el punto de vista jurídico, la Ley de la Cadena Alimentaria permite que el precio pueda ser fijo o variable, pero cuando es variable, la fórmula debe estar previamente establecida y basarse en factores objetivos, verificables y no manipulables. Además, esos factores no pueden depender de precios fijados o influenciados por el propio comprador. La ley también prohíbe la modificación unilateral de las condiciones contractuales.

Ante lo sucedido en la aún vigente campaña de verdeo, cabe preguntarse qué pasa cuando un agricultor entrega su aceituna con un precio comunicado y posteriormente ese precio cambia, y, sobre todo, qué mecanismo contractual ha permitido modificarlo, qué variable ha provocado la modificación, quién ha determinado esa variable y si puede el agricultor verificarla. Una cosa es que el precio sea variable conforme a una fórmula pactada y otra muy distinta que el productor entregue su cosecha sin conocer realmente cuánto va a cobrar.

Existe además la circunstancia de que la ley contempla una excepción a la obligación general de formalizar un contrato alimentario por escrito cuando el pago se realiza al contado contra la entrega del producto. Eso no significa que el comprador pueda fijar libremente el precio ni que la operación quede al margen de las obligaciones relativas al coste efectivo de producción, pero sí abre una cuestión que debería analizarse en profundidad en el caso de la aceituna de mesa. Pues la cantidad de operaciones de compra que se están realizando mediante entrega y pago al contado, así como el conocimiento por parte del agricultor antes de entregar y cómo queda documentado el cálculo definitivo, son variables que conforman un escenario a la medida para el ejercicio del constante atraco al campo, una vez más catapultado a una indefensa posición.

El agricultor no puede almacenar indefinidamente una aceituna de verdeo esperando tiempos mejores, mientras que quienes intervienen en fases posteriores de la cadena disponen de mayor capacidad financiera, comercial y logística. Su posición negociadora, por tanto, no es equivalente, y precisamente por eso la Ley de la Cadena establece mecanismos destinados a evitar que esa desigualdad se traduzca en precios por debajo de los costes efectivos de producción.

Cualquier variación del precio debe responder a circunstancias objetivas, previamente establecidas y susceptibles de ser verificadas por el productor. Las dificultades de calibre, la capacidad de recepción de los almacenes o una eventual contracción de la demanda pueden justificar una evolución del mercado, pero deben estar respaldadas por datos y no convertirse en argumentos genéricos para trasladar toda la presión al agricultor. Y cuando existan indicios de acuerdos entre compradores o de prácticas que puedan vulnerar las normas de competencia, corresponde a los organismos competentes determinar si se ha producido alguna irregularidad.

Lo que no puede ocurrir es que el agricultor entregue su cosecha y descubra después que las reglas económicas de la operación han cambiado.

La cuestión, por tanto, no es solamente cuánto vale hoy un kilo de manzanilla o de gordal. La cuestión es quién decide ese precio, cuándo lo decide y con qué reglas.

VOX lleva años reclamando medidas para proteger la aceituna de mesa sevillana, defendiendo controles sobre el origen y el etiquetado, la protección de la manzanilla y la gordal y medidas que permitan mejorar la rentabilidad del sector, como ya se están aplicando en las comunidades autónomas donde lideran la consejería de Agricultura.

Lo que está ocurriendo con el verdeo no puede analizarse como un episodio aislado. Forma parte de una crisis más profunda del olivar, sometido desde hace años a costes crecientes, incertidumbre climática, falta de agua, dificultades para encontrar mano de obra, competencia internacional y una presión creciente sobre la rentabilidad de las explotaciones.

Cuando a todo ello se añade la falta de capacidad del agricultor para negociar el precio de su propia producción, la situación deja de ser coyuntural y se convierte en un problema de supervivencia.

El agricultor no pide privilegios ni precios artificiales. Pide poder vivir de su explotación, conocer las reglas antes de entregar su cosecha y tener garantías de que esas reglas no cambiarán cuando ya no tenga margen para reaccionar. Y si sale a la calle, es porque detrás de la aceituna hay mucho más que una cotización. Hay pueblos, empleo, familias, paisaje y una economía rural que no puede sobrevivir indefinidamente vendiendo por debajo de sus posibilidades.

La crisis del verdeo es una advertencia para todo el olivar andaluz. Si no defendemos ahora la rentabilidad de quienes mantienen nuestros campos, mañana no bastará con defender los precios porque quizá ya no haya agricultores que puedan seguir produciendo.

Defender al agricultor es defender el olivar. Defender el olivar es defender nuestros pueblos. Y defender nuestros pueblos es defender el futuro económico y social de Andalucía.