Coronavirus: la crisis institucional

Como indicaba hace unos días el Prof. Zerolo, la respuesta a la pandemia pone en cuestión nuestras instituciones, y se está percibiendo cuales funcionan correctamente y cuales no. Junto a la crisis sanitaria y a la económica, el coronavirus nos ha generado una crisis institucional. Se le están viendo las costuras al régimen del 78, con sus virtudes y sus defectos. Quisiera comentar estas virtudes y defectos en los dos aspectos de la separación de poderes: el horizontal (entre poderes a un mismo nivel del Estado) y el vertical (entre Administraciones a diferente nivel).

En cuanto a la división horizontal, uno de los grandes males del régimen del 78 es la lamentable falta de separación entre el legislativo y el ejecutivo. Nos hemos acostumbrado de tal manera a que aquí se decide todo desde la oligarquía del partido, que al final las Cortes se consideran un mero trámite. Ese desprecio por las Cortes se va viendo en diferentes momentos, singularmente cuando se proponen mesas de todo tipo (la mesa para Cataluña, la mesa para la reconstrucción) en lugar de tratar los temas en sede parlamentaria (afortunadamente, las llamadas del PP a reconducir las cosas al Congreso y el Senado todavía demuestra alguna fe en nuestras maltratadas instituciones políticas).

En este orden de la separación ejecutivo- legislativo, la crisis ha puesto al descubierto lo peorcito de nuestra partitocracia. Durante esta crisis, el Gobierno ha pretendido huir del control parlamentario cuanto ha podido. Una huida de las Cortes que ya resultaba lamentable cuando la practicaban los gobiernos monocolor de los dos grandes partidos, secundados al fin y al cabo por grandes mayorías. Pero en esta crisis se da además la circunstancia de que el Gobierno sigue la voluntad Podemos, pese a ser la cuarta fuerza en votos totales. Por ello la deficiente división ejecutivo-legislativo se hace más pesada si cabe.

Por otra parte, en lo que a la separación vertical se refiere, hace muchos años que España optó por ser un Estado compuesto, dividido entre el Estado central y las Comunidades autónomas y forales. En la operación descentralizadora, se optó (con más o menos acierto) por entregar la Sanidad a las autonomías. Consecuencia de ello, las CCAA son las que dominan el asunto, quedando el Ministerio de Sanidad como mero adorno para algunas funciones de coordinación. La insignificancia del Ministerio fue llevada al extremo al comienzo de la vigente legislatura: el Ministerio fue dividido en dos (Sanidad por un lado, y Consumo por otro) y entregado como elemento simbólico de su participación en el Gobierno a dos “fuerzas menores” de las varias que componen el Gobierno de coalición: para Sanidad se nombró a un filósofo del PSC, y para Consumo al líder de Izquierda Unida.

Pero de repente vino el coronavirus, y el Ministerio de Sanidad hubo de asumir unas funciones para las que (los hechos lo demuestran) no estaba preparado. Y así, en lugar de dejar a las CCAA seguir su camino, no ha hecho más que entorpecerlas con restricciones, confiscaciones de material o compras mal gestionadas. De lo ocurrido se puede sacar la conclusión de que la descentralización ha hecho al Estado central inepto para tiempos de crisis, pues las que funcionan son las CCAA. Lo sensato sería dejarles funcionar ahora a pleno rendimiento, aun a riesgo de generar varias velocidades de respuesta al problema (pues el virus no actúa con la misma virulencia en toda España).

Los dos aspectos comentados, muestran dos fallos del régimen que se deberían tener seriamente en cuenta. Si algún día la derecha decidiese pasar del conservacionismo degenerador al conservadurismo regenerador, su propuesta de reforma constitucional debería incidir en ambos aspectos.