La carta sobre las pensiones que jamás nos llegó

España es por excelencia un país cortoplacista, es decir, nos caracterizamos por una miopía económica de muchas dioptrías. Vivimos sobre la marcha, un poco a lo carpe diem, y no sabemos, o no queremos, avizorar el futuro, no contemplamos esa línea del horizonte que aparece ante nuestros ojos. Esa falta de previsión juega en contra de un mañana que será complicado, sobre todo para sostener el sistema de pensiones y, en concreto, para armarlo con los recursos financieros suficientes. Vayamos por partes, intentando despejar incógnitas. Cuenta la leyenda, veraz, que hace unos años, el anterior Gobierno tenía preparada la carta en la que comunicaba a cada ciudadano mayor de 50 años cuál sería su pensión llegado el día de su jubilación. En total, eran unos ocho millones de cartas.

Esta carta era absolutamente necesaria, en mi opinión, para sensibilizar a quienes en un plazo más o menos lejano pero cada vez más cercano van pensando en lo que será su futuro como pensionista y, además, si la misiva la recibían personas cuya edad oscilaba sobre el medio siglo, se les proporcionaba información para que pudieran tomar medidas a fin de reforzar su futura pensión. Sin embargo, y como es tan habitual en España, la carta, a causa de razones electoralistas, no llegó a sus destinatarios porque se abortó el envío al planear las elecciones del año 2015. No sea que ahora éstos –por los destinatarios a la par que votantes– sobreentiendan que les vamos a podar su pensión y no nos voten, mascullaría alguna mente pensante gubernamental

La leyenda, siguiendo con su narrativa, habla de que el desembolso por franqueo para la tramitación de tal carta supuso 1,32 millones de euros. Evidentemente, un pico más de gasto público, satisfecho a través de impuestos exigidos a los ciudadanos, que no sirvió absolutamente para nada, sino para, supongo, acabar echando a la basura los ocho millones de cartas, con sus respectivos sobres y el franqueo pertinente y, de paso, tirar por el sumidero y sin escrúpulos 1,32 millones de euros pagados por los españoles a través de los coercitivos impuestos. En parte, pues, ¡para tal menester estúpido sirven nuestros asfixiantes impuestos! La carta en cuestión, naturalmente actualizada y puesta al día, creo, que debería tramitarse para que todo ciudadano sepa qué futuro económico en su calidad de pensionista le aguarda y, en la medida de lo posible, pueda prepararse y tomar decisiones cara a su jubilación.

Creo que debería llegarnos una carta en la mitad de nuestra vida para que todos sepamos nuestro futuro económico.

La realidad de nuestro sistema de la Seguridad Social indica que es insostenible en estos momentos y con una clara tendencia al empeoramiento. Se dan varias circunstancias, por todos conocidas, que avalan esa creencia. En primer lugar, nuestra esperanza de vida que positivamente se alarga, aunque mantengamos la edad de jubilación en torno a los 65 años, si bien la jubilación efectiva en muchos casos se anticipa. Eso quiere decir que el período de percepción de la jubilación se prolonga durante largos años cuando, en su día, la previsión era que una vez alguien se jubilara viviera unos cuantos años, pero no tantos como marca la actual y futura esperanza de vida. El envejecimiento de nuestra población, sin que por parte de que quienes se encuentran en plena forma haya una vinculación activa al mundo laboral, juega acá un flaco favor. Otrosí, ese envejecimiento se agudiza al contemplar el crecimiento vegetativo proyectado de la población en España y nuestra tendencia demográfica, con más defunciones que nacimientos en estos años y con propensión a ir empeorando.

El montante de las pensiones que en 2007 ascendía a 91.458 millones de euros se ha disparado y en 2019, entre ajustes al alza y aumentos, se eleva a 153.864 millones. La hucha de las pensiones, es decir, el fondo de reserva de las pensiones, que en el año 2000 se empezó a dotar con 604 millones de euros y que en 2011 alcanzó su cénit con 66.815 millones de euros, se ha ido vaciando y quedan ahora teóricamente 5.043 millones si bien este saldo es artificial a causa de los préstamos que el Estado viene realizando durante los últimos años a la Seguridad Social para poder atender el pago puntual de las pensiones y, en concreto, de las pagas extraordinarias.

Otros dos aspectos entran en juego amenazando la sostenibilidad y la suficiencia de nuestro sistema de pensiones: la proporción entre afiliados ocupados al régimen de la Seguridad Social y el número de pensionistas, que al cierre de 2018 era de 2,14, cuando años atrás era de 4 cotizantes por cada pensionista –y en 2007 de 2,58 cotizantes/pensionistas–, junto con el desequilibrio, por culpa del deterioro del mercado laboral en el contexto de una economía low cost, de los salarios sobre los que se cotiza, con pleno a los mileuristas, y la cuantía de la pensión media de jubilación de 1.107 euros mensuales y considerando que la mayoría de los nuevos pensionistas están entrando en el sistema con una pensión media de más de 1.300 euros mensuales.

Nos hemos comido la hucha de las pensiones y la Seguridad Social galopa a lomos de un endeudamiento impensable.

Unamos a lo precedente, el déficit que arroja la Seguridad Social en sus cuentas que si en 2012 fue de 10.171 millones de euros, en 2013 pasó a 11.541 millones, en 2014 de 10.763 millones, en 2015 de 13.150 millones, de 18.096 millones de euros en 2016, 17.209 millones en 2017, 19.500 millones en 2018 y más de 19.000 millones previstos para 2019, de modo que la deuda de la Seguridad Social que en el año 2016 era de 17.173 millones de euros, actualmente alcanza los 34.888 millones y la previsión es que en 2019 sobrepase los 60.000 millones. En definitiva, nos hemos comido la hucha de las pensiones y la Seguridad Social galopa a lomos de un endeudamiento impensable pocos años atrás. Por añadidura, si se contempla el marco de nuestras cuentas públicas, con un déficit público alarmante que es el más alto de toda la Unión Europea, y una deuda pública espeluznante que no para de crecer, el panorama se tuerce.

En 2050, España tendrá 77 jubilados por cada 100 ciudadanos que estén en edad de trabajar.

Concluyo con la llamada tasa de sustitución, o de reemplazo, de las pensiones que relaciona el último salario que se percibe mientras se está en activo con la primera jubilación que se cobra al jubilarse, y que en España es del 83%, la más alta de toda Europa, por delante de Luxemburgo, el país de la Unión Europea con el PIB per cápita más alto con 90.700 euros, que es del 72,9%. Para situarnos, digamos que en la ejemplar Alemania esa tasa de reemplazo es del 37,8%, en Francia del 45,4% y en países con serias dificultades en sus cuentas públicas, como Italia, Grecia y Portugal, es, respectivamente, del 64,4%, 68,4% y 68,3%. Por eso, la OCDE ha sentenciado que la tasa de sustitución en España, en los próximos años, podría caer del 83% al 46%; un eufemismo para deslizar el irremediable ajuste que se dará en las pensiones, máxime si se piensa que en el año 2050, España tendrá 77 jubilados por cada 100 ciudadanos que estén en edad de trabajar.