Bonos, cuernos y ruedos electorales
La cornada del Tribunal Supremo al bono cultural joven del Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto al ruedo político una de las maniobras electoreras más flagrantes de nuestra democracia. El revolcón judicial que ha recibido la iniciativa del Ministerio de Cultura se debe a no haber justificado suficientemente la exclusión de los toros, declarados patrimonio cultural, de los espectáculos que pueden pagarse con este cheque al votador.
Han sido finalmente un total de 272.962 jóvenes, según la información facilitada a una solicitud mía en el Portal de la Transparencia, los que se han hecho con este bono de 400 euros para gastar en 2023. Esto supone un total de 109,1 millones de euros, algo más de la mitad de lo presupuestado por el Ministerio de Cultura para sufragar esta iniciativa, 210 millones, que es la cifra ‘chiqui-eso-no-son-nada’ en la que aumenta cada día el montante de la deuda pública con el Gobierno de Sánchez.
Los beneficiarios representan el 62 por ciento de los españoles, 438.387 en total, según el INE, que cumplieron 18 años el pasado 2022. Gracias a esa fórmula tan habitual del socialismo, la del «yo invito, tú pagas», podrán disfrutar de libros, cine, artes escénicas y videojuegos a cargo del dinero de los contribuyentes, incluidos sus padres, tíos, abuelos y demás nómina de ciudadanos que, sin necesidad de ser familiares suyos, han visto crecer su contribución fiscal a lo largo de esta ascendente escalada del coste de la vida, gracias a la cual el Estado ingresó el año pasado de forma extra, debido a la inflación, cerca de 30.000 millones de euros.
Los solicitantes del bono podrán emplearlo durante este año. Casualmente, vaya por Dios, quién iba a pensarlo, cómo es posible que pasen estas cosas, es el mismo año en que ejercerán por primera vez su derecho al voto, tanto en las autonómicas y municipales de mayo como en las generales de presumiblemente diciembre. Sin condición alguna de acuerdo con el nivel de renta, y obviando también la situación personal o familiar respecto a empleo, vivienda, dependencia o discapacidad.
Recordaba hace poco la casualidad de que, al mismo tiempo que se anunciaba la puesta en marcha del Bono Cultural Joven, en octubre de 2021, se conocía que el PSOE y Unidas Podemos habían perdido un millón de votos entre los votantes de 18 y 35 años desde las elecciones generales de 2019. Por eso daba gloria ver al ministro Iceta repicando en las redes sociales el siguiente titular: «¿Tienes 18 años? Además de votar, puedes disfrutar los 400 euros del Bono Cultural Joven».
Puede argumentarse que es una medida que ya existe en Italia o en Francia, o que sirve de apoyo al sector cultural y de incentivo al consumo cultural por parte de los jóvenes, aunque en España todas las administraciones públicas ofrecen programación cultural gratuita o a precios reducidos para los jóvenes.
Pero una radiografía del reparto de este bono cultural joven por comunidades autónomas revela, sin embargo, el esquelético efecto que tiene sobre el tejido cultural. Lo primero que se pone en evidencia es que los 109 millones de euros repartidos por toda la geografía supone un raquítico 1% del total del gasto que los españoles realizaron en bienes y servicios culturales en 2021, que ascendió a 10.773,5 millones de euros, según los datos del propio Ministerio de Cultura.
Por regiones, esta es la tónica general, obviamente, pero en algunas el montante dinerario del bono cultural a disposición de los jóvenes solicitantes está incluso por debajo de ese 1%. Así ocurre en la Comunidad Valenciana, donde sólo representa el 0,4% del gasto cultural; Baleares, donde llega al 0,7%; y en Cataluña, Galicia, Canarias o Asturias, donde se queda en el 0,8%, y Murcia, donde significa el 0,9%.
En las comunidades situadas en 2021 en la zona media y baja del ‘ranking’ de gasto cultural por hogar tampoco la medida tiene impacto alguno. Así, en aquellas en las que dicho gasto está por debajo de la media nacional (571 euros), el efecto del bono cultural joven es casi imperceptible, ya que el presupuesto que suman los bonos allí solicitados apenas despega del 1% del consumo total de bienes y servicios culturales en esas regiones. Empezando por la parte baja de la tabla, el impacto queda así cuantificado: Castilla-La Mancha (1,4%), Cantabria (1,08%), Canarias (0,8), Extremadura (1,06%), Asturias (0,8%), Andalucía (1,3%), Baleares (0,7%) Galicia (0,8%), Aragón (1,03%) y La Rioja (1,1%).
Ya ven que el argumento de que el bono cultural joven es una medida para «revitalizar el sector cultural en España», como asegura la página web de Moncloa, también es un pobre subterfugio para disfrazar el sentido clientelista de la medida del Gobierno de Sánchez. Sin duda, los jóvenes que disponen del bono cultural sabrán disfrutar de las ventajas del mismo en librerías, teatros, cines y auditorios, ya que no me refiero sólo a los que revenden por internet los videojuegos adquiridos gracias a él. Uno tiene la esperanza de que no les suceda como a Francisco Romero Robledo, aquel político de la Restauración al que se tenía por completo iletrado, imagen a la que él mismo contribuyó, según cuenta la anécdota, pues discutiendo con un sabio catedrático y presumiendo ante él de no haber leído un solo libro, le dijo: «Usted es un hombre extraordinario, pero yo soy más extraordinario que usted. Usted para discurrir necesita el apoyo de los libros y las bibliotecas, y yo no lo necesito. Si usted hubiera sido Adán, se hubiera usted aburrido mucho en el mundo, y yo, en cambio, lo habría pasado muy bien».
Por si alguno de nuestros jóvenes no sabe quién era Romero Robledo, basta con decirles que fue el arquetipo del cacique decimonónico muñidor de fraudes electorales, incluida la compra de votos.