El asesino, el juez y el presidente

Hacía frío en Irún la mañana del 2 de noviembre de 1978. José Luis Legasa Ubiría abrió la puerta de su vehículo y bajó, junto a su hermano Miguel, a inspeccionar unas obras de la nueva variante que se estaba construyendo en la zona norte de esa localidad. A José Luis, empresario y constructor, se le habían adjudicado unos trabajos en aquella remodelación de los accesos a Irún.

Dos años antes, en mayo de 1976, había denunciado ante la policía francesa el intento de extorsión de ETA, el llamado impuesto revolucionario, chantaje habitual con el que la banda terrorista financiaba sus operaciones y la subsistencia de sus comandos operativos. Aquella denuncia supuso la detención en Francia de Francisco Javier Aya Zulaica, alias Trepa, y otros dos colaboradores suyos, miembros de la red de extorsión en Bayona de la organización terrorista. José Luis no lo sabía, pero aquellas detenciones supusieron su condena a muerte.

Nada más bajar del vehículo, tres miembros del comando Argala le dispararon cinco tiros por la espalda, uno de ellos en la cabeza. Cuando cayó al suelo le remataron a quemarropa con un disparo más. Su hermano Miguel forcejeó con los asesinos y resultó herido en una pierna. Aquel fue el primer asesinato de Henri Parot, alias Unai, y el primer atentado del que fue uno de los comandos más sanguinarios de ETA, el comando Argala, compuesto exclusivamente por ciudadanos de nacionalidad francesa.

Pero Henri Parot no se detuvo ahí. Acababa de empezar su carrera como el mayor asesino de la historia de España. A aquel atentado en Irún le sucedieron 22 más. La especialidad de Parot fue el coche bomba y el tiro en la nuca. Tras José Luis Legasa vendrían las bombas de la calle Alcalá de Madrid al jefe militar del Cuarto del Rey, la DG de la Guardia Civil, Cuartel General del Aire y Cuartel General de la Armada, la matanza de la casa cuartel de la GC en Zaragoza (11 asesinados, cinco de ellos niños), otra vez la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, un tiroteo en la calle Atocha de Madrid donde murió el teniente coronel José Martínez Moreno, el asesinato del general Guillermo Quintana Lacaci, Cristóbal Colón de Carvajal, la fiscal Carmen Tagle… Y así, hasta 32 asesinatos probados, y sospechoso de casi 30 más por los que nunca ha sido condenado.

Henri Parot fue detenido finalmente el 2 de abril de 1990 cuando pretendía colocar un nuevo coche bomba, con más de 300 kg de amonal, con el que pretendía volar la Jefatura policial de Sevilla y medio barrio más. Fue condenado a casi 4.800 años de prisión por todos sus crímenes. Saldrá de prisión en julio de 2029.

El Gobierno de Sánchez, a través del ministro del Interior, el juez de la Audiencia Nacional en excedencia, Marlaska, acercó a Henri Parot en mayo de este año desde la prisión de Puerto III, en Cádiz, a la de Mansilla de las Mulas, en León. La excusa de este acercamiento es que el asesino Parot “aceptaba la legalidad penitenciaria”. No hablaba del arrepentimiento, pues este asesino jamás ha confesado arrepentirse de ninguno de sus actos, más bien al contrario. Tampoco hablaba de la colaboración con la justicia en la resolución de los más de 400 asesinatos que están pendiente de resolver.

Parot no ha colaborado en toda su condena con el Estado, al contrario. Ha intentado fugarse, ha seguido haciendo proselitismo de la banda armada y de la necesidad de continuar la lucha mediante bombas cada vez más potentes y sigue defendiendo el asesinato indiscriminado como herramienta política para alcanzar la independencia del País Vasco.

Para el juez Marlaska, aceptar la legalidad penitenciaria es suficiente para obtener privilegios si eres un asesino etarra. Extraño argumento este, el de aceptar la legalidad. Como si la legalidad no debiéramos aceptarla todos los ciudadanos. Es evidente que si no la aceptas acabarás en prisión. Dura lex, sed lex. Salvo que te llames Henri Parot y estés condenado a más de 4.000 años de prisión.

Este 18 de septiembre está convocado un acto de homenaje a este asesino en Mondragón. Cuenta con el permiso municipal correspondiente concedido por su alcalde del PNV. Con la anuencia del consejero de Interior del Gobierno vasco, también del PNV y de la subdelegación del Gobierno nacional en la provincia, designado por el Gobierno de Sánchez y Marlaska.

El juez Marlaska asegura que no dispone de ningún instrumento legal para prohibirla. Un hombre que ha conculcado la ley en el cese de Pérez de los Cobos, que se ha saltado la ley de refugio y asilo y la convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño en las deportaciones de menores en Ceuta, o que justificó la patada en la puerta para acabar con una fiesta ilegal. Ese hombre no encuentra justificación para detener el homenaje a un asesino como Henri Parot.

Es evidente que la revictimización y humillación que sin duda sufrirán las familias de los 32 asesinados por Parot, el enaltecimiento del terrorismo que significa homenajear al máximo asesino de una banda terrorista, la dignidad de las víctimas que prometió proteger, no parecen, a ojos de Marlaska, y del presidente Sánchez, suficientes argumentos jurídicos, pese a formar parte de la Ley de protección a las víctimas del terrorismo, o figurar en el artículo 578 el Código Penal.

Desde este 18 de septiembre ya no conoceremos a Henri Parot solo por ser el mayor asesino de la historia de España, o el que da doctrina, con su nombre, a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo por el que la redención de penas por beneficios penitenciarios se aplicaba respecto a la pena total y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión. A partir de entonces será conocido también como el día de la infamia Parot. Una infamia consentida por un juez en excedencia, con el permiso de un Presidente de Gobierno. Un asesino infame, para un juez y un presidente, igual de infames.

Miguel Gutiérrez 
Diputado de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de la formación liberal en las Comisiones de Interior y Defensa. Miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Cs.