El asalto a la Justicia

Timothy Snyder dedica un capitulo de su libro Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del Siglo XX a explicar cómo fue precisamente el colaboracionismo –por activa o pasiva-  de jueces, abogados, médicos y profesionales en general lo que facilitó al régimen nazi el marco para cometer en un tiempo record todas sus atrocidades: “Si los abogados hubieran cumplido la norma de que no puede haber ejecución sin juicio, si los médicos hubieran aceptado la regla de que no puede practicarse una operación sin consentimiento, si los empresarios hubieran acatado la prohibición de la esclavitud, si los burócratas se hubieran negado a realizar el papeleo que tuviera que ver con el asesinato, el régimen nazi habría tenido muchas más dificultades para cometer las atrocidades que recordamos”.

Esta semana el Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca en su estrategia de parasitar los órganos de la Justicia para liquidar en España la separación de poderes y asegurarse que podrá cambiar a voluntad el orden constitucional sin someter la reforma a la voluntad de los españoles. Eso es lo que supone la aprobación por la vía exprés (sin debate, sin informe previo del CGPJ que lo había solicitado en un acuerdo de plenario…) de una ley ad hoc, plenamente inconstitucional por tanto, en la que se mandata, vía enmienda in extremis del PSOE, al CGPJ para que en un plazo de tres meses nombre a los dos magistrados  del TC que les corresponde, mientras mantienen la prohibición (establecida por otra ley ad hoc) de hacer nombramientos en otras instancias judiciales, como el Tribunal Supremo es un autentico atraco. El mismo gobierno socialcomunista que quitó al CGPJ las competencias para hacer nombramientos – en una ley también ad hoc y aprobada por la vía exprés- devuelve competencias pero solo para hacer posible que el Gobierno nombre los otros dos magistrados  y poder así hacer presidente  del TC a Conde Pumpido, el que siendo fiscal general del Estado animaba a los jueces a mancharse la toga con el polvo del camino, o sea, a ciscarse en la sangre de las victimas.

Sánchez, como explicaba Snyder, sabe que es imposible subvertir un Estado regido por la ley mientras existan jueces independientes y funcionarios que antepongan la ética profesional a su interés particular –al ascenso, a un cargo político, a una regalía, a formar parte del club de los adeptos al régimen…- y defiendan la ley y las instituciones. Por eso acelera su asalto a la Justicia, porque sabe que es un paso imprescindible para que triunfe su estrategia de demoler la democracia. Como cualquier gobernante totalitario, él quiere dejarlo todo “atado y bien atado”. Y el tiempo se le acaba.

Unas horas antes de que Sánchez cometiera esta nueva tropelía, la Unión Europea reiteró -esta vez de manera mucho más tajante- que actuará contra España “con todos los instrumentos” si no se produce la renovación del CGPJ y si la norma por la que se elije ese órgano continúa sin homologarse a los estándares europeos. Vamos a ver qué dicen ahora, cuando vean la maniobra política  con la que el Gobierno pretende trasladar al TC el resultado de las elecciones generales, lo que constituye una quiebra en toda regla del Estado de Derecho.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial acaba de advertir que esta norma que sale adelante “violará los principios de la normativa trasnacional europea, tanto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como de las recomendaciones de la Comisión Europea, muy en particular a la vista de los paralelismos entre los estados español y polaco”. Y recuerda las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de la UE: “Las injerencias del Ejecutivo en el procedimiento normal para la designación de jueces del Tribunal Constitucional afectan a la legitimidad e independencia del mismo, en consecuencia, a la existencia de un control eficaz de constitucionalidad de las normas».

Confío en que la UE actúe y lo pare de la misma manera que impidieron que Sánchez llevara adelante  la reforma en la que pretendía cambiar la ley del 85 para que el CGPJ dejara de ser el reflejo del parlamento y fuera elegido por la mayoría que sostiene al gobierno. Pero les ciudadanos no podemos limitarnos a esperar que otros actúen en nuestro nombre. Las instituciones no se defienden solas, todos y cada uno de nosotros, cada uno en nuestro ámbito, tenemos la obligación de movilizarnos para que el plan de Sánchez fracase. Con la denuncia ante los tribunales, levantando la voz en y ante cada nuevo atropello, saliendo a la calle… Recuerden: mientras haya un juez independiente, un abogado que actúe de forma profesional, un ciudadano que levante la voz, un político que de buen ejemplo, un periodista que no se pliegue a la obediencia y cuente la verdad…  Sánchez no podrá cumplir su sueño de dejar trufadas las instituciones cuando los españoles le mandemos a casa.

Todos y cada uno de los españoles tenemos la obligación de defender las instituciones; los magistrados del CGPJ también. Señorías, asuman su responsabilidad. Forman ustedes parte del Tercer Poder del Estado, defiendan la institución. Recuerden que la Justicia y la Jefatura del Estado son, hoy por hoy, las únicas instituciones que el Ejecutivo de Sánchez no ha logrado controlar. Son ustedes el escudo de la democracia. No miren para otro lado. Plántense.