¿Amnistía? ¿Para qué?

El lunes pasado leía al abogado Jaume Alonso-Cuevillas en X. «¡Hacia el Supremo! A defender la aplicación de la amnistía», explicaba eufórico en un post.

El mismo día, por cierto, que la fiscalía y la abogacía del Estado -dos instituciones básicas del Estado de Derecho- pedían la amnistía para un prófugo como Puigdemont.

Alonso-Cuevillas (Barcelona, 1961) fue precisamente uno de los letrados estrella del procés. Más tarde fue elegido diputado en el Congreso. Las malas lenguas dicen que para pagarle la minuta. Y luego en el Parlament.

En abril del 2021 cayó en desgracia por decir que era una “tontería” admitir propuestas de resolución contra la monarquía que podían llevar a la inhabilitación de miembros de la Mesa del Parlament, órgano del cual formaba parte.

Tenía toda la razón. Pero se hacían mucho los valientes hasta que veían, en el horizonte, consecuencias personales. Su jefa de filas, Laura Borràs, también dio de baja a un diputado de la CUP que resultó inhabilitado por sentencia firme tras una semana de hacerse la remolona. El parlamentario en cuestión, Pau Juvillà, se enteró al final por la Seguridad Social.

A veces me preguntó de qué ha servido el procés porque si es para acabar pidiendo la amnistía nos ahorrábamos todo el follón y ahora no estarían así.

Todavía recuerdo aquella jornada histórica en un lugar tan emblemático como el Museo de Historia de Cataluña. Era el 20 de julio del 2015. Convergencia y Esquerra presentaban su primera -y hasta ahora última- coalición electoral: Junts pel Sí.

El programa electoral fijaba la República catalana a los 18 meses. Iban tan seguros de sí mismos que el reloj empezaba a contar desde la misma fecha de las elecciones: el 27 de septiembre. No, a partir de la elección del presidente de la Generalitat. Como saben, se retardó porque la CUP mandó a Artur Mas a la “papelera de la historia”.

Salí del edificio pensando que el loco de la colina era yo. El resto nadaba en un mar de euforia. Parece ser que el Estado no haría nada, se quedaría de brazos cruzados. Y cuando digo el Estado no me refiero solo a jueces y fiscales. O a Policía, Guardia Civil y CNI.

El Estado son muchas más cosas: el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas, los altos cargos, el BOE. E incluso, si hace falta, el control del DOGC vía 155.

Pero, en efecto, la hoja de ruta preveía un gobierno de unidad -lo llamaban “de concentración”- un “debate ciudadano”, la declaración de independencia, elecciones constituyentes, una Constitución catalana y luego todavía un referéndum para aprobarla. Cuatro convocatorias en año y medio.

No queda nada de eso. No voy entrar en los daños políticos, económicos, sociales e incluso culturales porque son de sobras conocidos. Como la marcha de empresas. A pesar de que algunas ahora, casi ocho después, empiezan a volver tímidamente. O los daños morales. Siempre he dicho que son peores que los materiales: tardaran más en curar.

Los partidos independentistas -que no han hecho no ya autocrítica sino ni siquiera una reflexión- siguen dando la tabarra en Madrid todo lo que pueden.

Sin embargo, el procés ha acabado pidiendo la amnistía, el catalán en el Congreso y en la Unión Europea. Eso no es la DUI que prometieron. Lo dicho, para eso era mejor no haberla liado y nos habríamos ahorrado disgustos, quema de contenedores y años de cárcel.