Putas y Estado de Derecho

Vivimos tiempos complejos. Mientras una parte del Estado actúa en rebeldía contra España en Cataluña sin que el Gobierno reaccione, lo hace como un resorte contra la legalización de un sindicato de prostitutas. Un Gobierno presuntamente feminista que pretende imponer su ideología con un comportamiento más propio de ayatolás de pensamiento único que de dirigentes democráticos en un país occidental. Y no solo en materias “feministas”. Dice la vicepresidenta que no hay elecciones porque no nos conviene a la ciudadanía, evidenciando su desprecio por la opinión de la gente corriente porque ya está ella para decidir lo que nos conviene o no. Resulta que un grupo de prostitutas y personas relacionadas con su ejercicio presentan unos estatutos para constituir un sindicato. Un sindicato es una asociación de trabajadore/as que se unen para defender derechos generales o específicos de una profesión antes sus jefes o patrones.

En el caso que nos ocupa resulta que los patrones ya están asociados en organizaciones que representan y defienden sus intereses ante las instituciones. Pero las trabajadora/es de ese gremio no tienen derecho a sindicarse según este Gobierno. El Estado de derecho español ha legalizado el sindicato tras confirmar que no existe impedimento legal alguno, pero la vicepresidenta, el presidente y la ministra del ramo han decidido después que como dicha legalización no se corresponde con sus ideas, a tomar por culo el Estado de Derecho y que ese sindicato va a ser ilegalizado. Esto es una barbaridad impropia de cualquier sociedad occidental, democrática y regida por leyes de obligado cumplimiento, rebajando a los actuales mandatario/as del Gobierno central al mismo nivel intelectual que los independentistas de la Generalitat, que defienden cumplir solo las leyes que coinciden con sus planteamientos políticos.

Esta decisión política de ordenar que se revoque una decisión administrativa adoptada conforme a la legalidad muestra el pelaje democrático de los miembros del Gobierno de España, y no para bien. Más allá que respecto de la prostitución pueda haber diversas opiniones, lo que no cabe en un gobierno democrático de un Estado de Derecho es ordenar cambiar una decisión adoptada conforme a la legalidad vigente para tomar otra que coincida con sus planteamientos ideológicos. Hay diversas formas de afrontar el fenómeno de la prostitución; países que la mantienen en la alegalidad, sin regular, como España; otros, los más, que la han regulado, y otros, los menos, donde se sanciona al cliente (perjudicando con ello también a la prostituta). Lo que no va a conseguir ningún gobierno es acabar con la prostitución. Es obligatorio perseguir a los proxenetas y acabar con la prostitución forzada, que es un crimen mafioso incompatible con el Estado de derecho y la dignidad humana.

La ilegalidad y la falta de regulación favorecen a las mafias. La regularización facilita combatirlas. El Gobierno no puede decidir sobre lo que cada persona, hombre o mujer, haga con su cuerpo en la intimidad ni a cambio de qué. Sus medidas atacan directamente a las mujeres más pobres porque la prostitución de lujo seguirá en sus espacios privados y hoteles de lujo, en cuyos pasillos se cruzarán con ellas y ellos los hombres y mujeres del Gobierno de España. Curioso que se permita a unos actuar contra el Estado porque no incumplen expresamente la ley, y que se pretenda ilegalizar organizaciones legales porque no coinciden con la moral de los dirigentes. El Gobierno de España atenta gravemente contra derechos y libertades individuales que debería proteger sin excepción alguna. Las putas tienen los mismos derechos humanos, civiles, sociales, laborales y sindicales que cualquier otra persona en España.