2018: el español, lengua perseguida

2018: el español, lengua perseguida

¡Qué rara es nuestra vecina Francia! Cualquier persona puede desplazarse y trabajar por todo el territorio nacional hablando solamente… ¡francés! La polémica producida de forma artificial, tendenciosa y torticera a colación de la inmersón lingüística, los límites de la aplicación del artículo 155 y la educación en castellano hacen absolutamente necesaria la clarificación de un puñado de conceptos de parvulario, desde luego de nivel amateur de Derecho constitucional. Primero. Nuestra ley de leyes establece la obligación de cada ciudadano de conocer el español y el derecho a usarlo. En otras palabras, del primero al último de los catalanes tiene la obligación de domimar el español, pero no así el catalán. Segundo. Aquellos que entienden que en Cataluña no hay problema alguno con la lengua, ¿pueden explicárselo a los empresarios —pequeños en su inmensa mayoría— que han sido perseguidos y multados por rotular sus comercios en español y no en cambio en catalán? Aún más, ¿podrían asumir y sufragar solidariamente sus sanciones?

Tercero. Quienes entienden que si hay cien o doscientas familias que desean para sus hijos la educación vehicular en español bien pueden llevar a sus hijos a un centro concertado y pedirle a Rajoy que les abone la factura, ¿creen que ante esta vital cuestión está en juego esencialmente el dinero y no las libertades públicas y primarias de cada uno de nosotros? Cuarto. Los que aseguran campanudamente que la inmersión ha sido el modelo perfecto para “favorecer la cohesión social”, ¿de verdad se han enterado de lo que ha ocurrido en términos de convivencia y civismo en la Cataluña de Artur Mas y Puigdemont, de Esquerra y de las CUP?

¿Ha formado la crispación y el enfrentamiento de una especie de realidad Mátrix? Quinto. El planteamiento de Mariano Rajoy sobre lo que debería ser en adelante la escuela catalana significa un gran acierto y un gran error. Lo primero, porque el hecho de que un gobernante garantice que va a regir la ley —¡más de veinte años después!– es algo extremadamente positivo. ¡Ya era hora! Lo segundo, porque la propuesta/amenaza se ha practicado a la contra, a la defensiva, reactivamente, en una óptica netamente partidista, oportunista, electoralista… al calor del ‘hurto’ de votos que enarbolando el discurso de la unidad nacional está llevando a cabo con notable éxito y fuertes avances Ciudadanos.

Sexto. En medio de una repentina ola de protestas en Baleares debido a que aquellos magníficos profesionales de la Sanidad que no dominan el catalán son discriminados laboralmente, ¿no resulta curioso y triste que el presidente que con mayor coraje y mejores principios defendió el valor del español —José Ramón Bauzá— fuese desalojado del poder y su opción, dentro del PP,  fuese relegada en beneficio de otras que apostaron por un regionalismo ayuno de ambición y alicorto en sus propuestas para la sociedad y la política? Como certeramente ha recordado una persona que se ha pasado la vida perseguida por los nacionalistas excluyentes por causa de ser española, Rosa Díez, el español no es una lengua más, es la lengua del Estado; es la que permite a todos participar en todos los asuntos que a todos nos afectan; y es la que, cuando se añade a nuestro hermoso himno —incluso en la versión incomprendida de una artista aún chispeante como Marta Sánchez— causa tanto escozor y tanta rabieta.

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