Aviso urgente del Gobierno a los dueños de gatos en España

La Ley 7/2023, de 28 de marzo, sobre protección de los derechos y el bienestar de los animales, amplía y unifica criterios a nivel nacional, introduciendo medidas claras para garantizar que todos los animales, y en particular los gatos, estén adecuadamente identificados y protegidos. Este año, el Gobierno ha emitido un aviso dirigido a los dueños de gatos, recordando que «todos los gatos domésticos deben contar con un microchip identificativo, independientemente de lo que dispongan las normativas autonómicas».

Hasta ahora, la obligatoriedad del microchip para gatos variaba según la comunidad autónoma. Con la Ley 7/2023, esta práctica se unifica en todo el territorio español. El artículo 12 establece lo siguiente: «Todos los animales de compañía deben ser identificados mediante microchip antes de alcanzar los seis meses de edad, salvo disposición expresa en contrario en casos justificados por motivos de salud». Sin embargo, «la falta de identificación no impedirá que los veterinarios presten atención médica a los animales que lo necesiten, aunque deberán informar al propietario sobre la obligación legal de registrar al animal». Además, la normativa establece sanciones leves para quienes incumplan esta obligación.

Aviso a los dueños de gatos

La Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a cualquier gato sin supervisión por más de 72 horas. También se establece que los animales no deben permanecer de manera habitual en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos o patios.

Por otro lado, todos los gatos domésticos deben someterse a esterilización quirúrgica antes de cumplir los seis meses de edad, con el objetivo de controlar la reproducción, reducir el abandono y garantizar su bienestar. La medida contribuye a mantener la salud poblacional de los felinos, evitando la proliferación descontrolada de camadas.

En cuanto a la eutanasia, los veterinarios sólo pueden practicarla en tres circunstancias: «para aliviar su sufrimiento, por razones de seguridad para las personas o animales, o si representa una amenaza justificada para la salud pública». Tampoco está permitido sacrificar un gato por problemas de comportamiento «que pueden ser rectificados».

Tras el fallecimiento de un gato, los dueños deben notificar la baja en el registro correspondiente y entregar un documento que acredite que «fue incinerado o enterrado por una empresa oficialmente reconocida para realizar dichas tareas, indicando el número de identificación del animal fallecido y el nombre completo del responsable».

Colonias felinas

En España existen numerosas colonias felinas gestionadas por asociaciones, voluntarios y ayuntamientos. La ley aclara que «en el caso de gatos que viven en colonias felinas, la responsabilidad de la identificación recae sobre el Ayuntamiento correspondiente, que debe gestionar adecuadamente la implantación del microchip y garantizar el bienestar de los animales».

Sanciones

Cumplir con la Ley de Bienestar Animal no sólo protege a los gatos, sino que también evita sanciones económicas de hasta 200.000 euros.

Las infracciones leves incluyen acciones como no identificar correctamente a un animal doméstico, no actualizar los datos del registro o incumplir obligaciones menores de cuidado. Estas conductas pueden acarrear multas que oscilan entre 500 y 10.000 euros.

Por su parte, las infracciones graves afectan a situaciones que ponen en riesgo la salud o el bienestar de los animales, como la falta de esterilización obligatoria de gatos no reproductores o mantenerlos en condiciones inadecuadas de higiene, espacio o supervisión. En estos casos, las multas pueden variar entre 10.001 y 50.000 euros.

Las infracciones muy graves son aquellas que implican daño significativo, maltrato, abandono o la muerte injustificada de animales. Estas conductas se consideran delitos administrativos de máxima gravedad y pueden ser sancionadas con multas de 50.001 hasta 200.000 euros.

La aprobación de la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, ha marcado un antes y un después. Si bien la medida está diseñada para reforzar la protección de los felinos, uno de los principales obstáculos es que muchos municipios aún no cuentan con censos fiables ni programas de identificación y esterilización para gestionar las colonias felinas. La ley establece que «los ayuntamientos deben crear y mantener un registro actualizado de colonias felinas, así como promover campañas de esterilización e identificación mediante microchip». Sin embargo, llevarlo a la práctica exige recursos que en localidades pequeñas o rurales suelen ser insuficientes.

Los expertos  también advierten de la necesidad de crear una base de datos centralizada a nivel nacional, a la que puedan acceder tanto para veterinarios como para autoridades locales. Actualmente, el sistema de registro varía entre comunidades, lo que dificulta la localización de un animal perdido si cruza de una región a otra. Una base unificada reforzaría la cooperación entre distintas administraciones, evitando duplicidades y vacíos legales.

A pesar de los retos, las perspectivas son positivas. Los países europeos que implantaron hace años medidas similares, como Francia, Portugal o Alemania, han logrado reducir significativamente el abandono animal. «La identificación no es un simple requisito administrativo, sino una herramienta de bienestar, protección y trazabilidad que asegura que todos los gatos, domésticos o en colonias, reciban la atención que merecen».