La juez imputa al novio de Ayuso en la investigación impulsada por el PSOE y Más Madrid

La titular del juzgado número 19 de Madrid ha citado en calidad de investigado a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, el próximo 10 de abril. Inmaculada Iglesias -instructora también de casos como el de Nacho Cano- lo ha llamado a declarar en el marco de la investigación impulsada por la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid, para esclarecer si ha incurrido en la comisión de los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Ésta es una pieza separada a la principal del procedimiento relativo al fraude fiscal.

La magistrada prorrogó 6 meses este proceso, tras las peticiones del Ministerio Fiscal y la acusación popular que representa a PSOE y Más Madrid. También la defensa de González Amador solicitó la prórroga, aunque por motivos diferentes.

La prórroga llega tras las peticiones realizadas por el Ministerio Fiscal, la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid, y la propia defensa de González Amador, aunque por motivos diferentes. Para la acusación popular, en este caso ejercida por la izquierda, la continuación de la investigación resulta imprescindible ante los numerosos retrasos acumulados desde la incoación de las diligencias hace un año.

La pareja de Ayuso pasó por los juzgados de Plaza de Castilla el pasado 24 de febrero, aunque en esa ocasión lo hizo como investigado en la pieza principal, por la que ya ha acudido hasta cinco veces. Entonces, González Amador se acogió a su derecho a no declarar para no afectar al recurso a la causa por dos delitos fiscales, hasta que éste no se resolviera.

Fue el pasado mes de octubre cuando la magistrada acordó abrir la investigación por el presunto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» que debían declararse, del Grupo Quirón, en una causa aparte y a petición de la Fiscalía. Lo hizo tras estimar, de forma parcial, un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra el auto del pasado 31 de julio en el que se denegaban todas las diligencias interesadas por la parte que ejerce la acusación popular de la izquierda.