El caso de presunto fraude del novio de Ayuso se alarga: la juez se jubila en verano

El caso de presunto fraude del novio de Ayuso, Alberto González Amador, se alarga debido a que la juez se jubila este verano tras haber prorrogado la instrucción otros seis meses más. Se trata de la actual titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias Sánchez, que también es la instructora de casos mediáticos como el de Nacho Cano o que dirige la investigación judicial tras el asesinato de Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís.

Tal y como consta en el orden del día de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial recogido por OKDIARIO, se ha propuesto la jubilación voluntaria de María Inmaculada Iglesias Sánchez. Esta magistrada llevaba años ejerciendo en los juzgados de Plaza de Castilla, uno de los tribunales que más asuntos despacha de toda España.

La jubilación es voluntaria, por lo que se podría dar marcha atrás en la decisión, sin embargo, fuentes jurídicas aseguran que Inmaculada Iglesias dejará su juzgado. En concreto, la jubilación se hará efectiva el próximo mes de agosto. Las mencionadas voces exponen que ya tienen a la persona que podría sustituirla y así se lo han hecho saber al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez.

Investigación hasta septiembre

La juez que instruye el caso de González Amador, por el momento, continuará las pesquisas hasta agosto después de que se haya prolongado la investigación a raíz de las peticiones de las acusaciones populares –que ejercen el PSOE y Más Madrid– de investigar al novio de Ayuso por más delitos de los iniciales previstos.

Inmaculada Iglesias acordó esta decisión, en un auto fechado el 7 de marzo de 2025 adelantado por OKDIARIO, en el que se extendía el plazo de instrucción hasta septiembre. El periodo inicial de doce meses estaba a punto de expirar el próximo 20 de marzo de este año. Precisamente el 13 de marzo de 2024 se produjo el intercambio de correos filtrado del abogado del imputado con el fiscal para dar carpetazo al caso con una pena mínima. 

Según consta en los documentos judiciales, desde que el procedimiento se iniciase el 20 de marzo de 2024, no se ha realizado ninguna de las declaraciones previstas de los investigados ni de las inspectoras de Hacienda que elaboraron los informes tributarios que sustentan la acusación. Esta situación se debe a múltiples suspensiones, algunas acordadas entre todas las partes y otras solicitadas específicamente por la defensa del investigado principal. 

«Se retrasa todo, veremos a quién ponen como sustituto», exponen fuentes del caso consultadas por OKDIARIO.

Del novio de Ayuso a Nacho Cano

La misma juez que investiga al novio de Isabel Díaz Ayuso también recibió las denuncias contra el productor musical Nacho Cano por la supuesta contratación ilegal de inmigrantes para su espectáculo musical Malinche. Inmaculada Iglesias dirige esta investigación en la que se trata de probar si Nacho Cano incurrió en los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de favorecer la inmigración ilegal.

La investigación policial contra Nacho Cano se inició por unas denuncias interpuestas por trabajadores del espectáculo musical sobre presuntas irregularidades en la contratación de jóvenes artistas procedentes de México. Cano y su equipo jurídico explicaron que el origen de estas supuestas irregularidades se encuentran en un programa de becas que montó para traer talento juvenil de México.

Fue una de las becadas, Lesly Ochoa, la que interpuso una denuncia y que, según Nacho Cano, era «conflictiva» y de la que prescindió en su momento. Ambos ya han declarado en sede judicial ante la instructora Inmaculada Iglesias, que tampoco podrá terminar la investigación en curso al tener que jubilarse. 

Nacho Cano afeó que su asunto recayera, precisamente, en el mismo juzgado que se investiga al novio de Ayuso. El productor ha denunciado que «está siendo perseguido por la Policía de Fernando Grande-Marlaska por apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid».

Su defensa presentó un escrito denunciando estos hechos alertando de que el asunto fue a parar en tiempo récord al juzgado de Inmaculada Iglesias. Por su parte, la magistrada tumbó esta reclamación asegurando que el reparto de procedimientos en los juzgados de instrucción madrileños se hacen de forma automática y que no existió ninguna anomalía para que cayera en su juzgado.