La «solidaridad equitativa» del Gobierno: 120 menas a Cataluña y el País Vasco, 806 al Madrid de Ayuso

El pacto entre el Gobierno y Junts para el reparto de menores inmigrantes (menas) ha provocado la polémica por su desigual distribución entre las comunidades autónomas. Cataluña apenas recibirá entre 20 o 30 mientras que a Madrid le corresponderían más de 800. Otras regiones, cuyos partidos de gobierno son socios de Pedro Sánchez, también salen beneficiadas del reparto, como el País Vasco, que sólo acogerá a 80 o 90 menas, según las primeras estimaciones.

El Ejecutivo ha cerrado con el partido de Carles Puigdemont un acuerdo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que implicará la distribución obligatoria de inmigrantes por las comunidades autónomas para aliviar la sobrecarga que sufre Canarias. El Gobierno ha aprobado este martes el decreto que ya ha provocado las críticas de varias regiones, como Madrid. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que irá a los tribunales.

«Solidaridad equitativa»

Los criterios que se tendrán en cuenta para el reparto de menas abarcan desde el número de menores por población, la renta bruta per cápita, la tasa de paro o «el esfuerzo» en la atención a personas menores no acompañadas. También la situación del sistema de acogida y de otros criterios como ciudad fronteriza, insularidad o dispersión.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha apelado a la «solidaridad equitativa·» para defender este acuerdo, que implica una distribución claramente desigual.

«Estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor», ha elogiado el ministro en rueda de prensa.

El acuerdo con Junts supone que el real decreto salga adelante. Los de Carles Puigdemont han cambiado su postura en esta cuestión después de pactar con el PSOE el traspaso de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.

Torres también ha afirmado, sobre las cifras aportadas por Junts, que no está «para criticar ninguna valoración». «Ellos pueden conocer perfectamente los datos que tiene la comunidad autónoma en la que ellos participan también desde el punto de vista político». El Gobierno ha dado a las comunidades hasta el 31 de marzo para que informen de sus datos de acogida, con el fin de hacer un reparto definitivo.

Con la aprobación del decreto, se añade un artículo 35bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar «por unanimidad» los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.

La capacidad de acogida de menas de cada comunidad autónoma se obtendrá de dividir la población total de cada una a 31 de diciembre del año anterior, por el cociente resultante de dividir la población total de España entre el número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por el conjunto del sistema de protección español, según los datos que envíen las comunidades hasta el 31 de marzo de 2025, y previa inscripción en el registro de menores y certificación del Ministerio de Juventud e Infancia.

Para años sucesivos, esta capacidad máxima se aprobará anualmente y las Ciudades y comunidades autónomas deberán remitir a la persona titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes del 15 de enero la certificación del titular de la Consejería competente del número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por su sistema de protección.

Ayuso irá a los tribunales

Este último acuerdo entre el Gobierno y Junts ha provocado las críticas de las comunidades gobernadas por el PP.

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que lo llevará ante los tribunales y la UE y ha calificado el pacto de «lamentable», al tiempo que considera que la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «un lastre para todos».

«Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias. No se puede fomentar la inmigración irregular masiva. Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias», ha anunciado la dirigente autonómica.