El PSOE logra alargar 6 meses el proceso contra el novio de Ayuso que el fiscal quería cerrar hace un año

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido prorrogar por seis meses adicionales la investigación en el caso contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Esta decisión, plasmada en un auto fechado el 7 de marzo de 2025 que adelanta OKDIARIO, extiende el plazo de instrucción hasta septiembre. El periodo inicial de doce meses estaba a punto de expirar el próximo 20 de marzo de este año. Precisamente el 13 de marzo de 2024 se produjo el intercambio de correos filtrado del abogado del imputado con el fiscal para dar carpetazo al caso con una pena mínima.

La prórroga llega tras las peticiones realizadas por el Ministerio Fiscal, la acusación popular ejercida por PSOE y Más Madrid, y la propia defensa de González Amador, aunque por motivos diferentes. Para la acusación popular, en este caso ejercida por la izquierda, la continuación de la investigación resulta imprescindible ante los numerosos retrasos acumulados desde la incoación de las diligencias hace un año.

Según consta en los documentos judiciales, desde que el procedimiento se inició el 20 de marzo de 2024, no se ha realizado ninguna de las declaraciones previstas de los investigados ni de las inspectoras de Hacienda que elaboraron los informes tributarios que sustentan la acusación. Esta situación se debe a múltiples suspensiones, algunas acordadas entre todas las partes y otras solicitadas específicamente por la defensa del investigado principal.

Pieza separada

Por su parte, la defensa de González Amador también ha solicitado la prórroga pero con argumentos diferentes. En su escrito del 6 de febrero, la defensa solicita la suspensión de la pieza principal hasta que se resuelva una pieza separada relacionada con los ingresos de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. procedentes de Quirón Prevención S.L.

La defensa argumentaba la existencia de una «incompatibilidad fáctica y jurídica» de mantener en el mismo proceso dos hipótesis contradictorias: por un lado, que dichos ingresos proceden de una actividad delictiva y, por otro, que deberían dar lugar a una liquidación tributaria alternativa. Además, anuncia la presentación de un informe pericial sobre esta cuestión, cuya ratificación requeriría más tiempo de instrucción.

El escrito presentado por la acusación popular sostiene que «la causa principal que ha impedido finalizar la investigación judicial se resume en las sucesivas actuaciones procesales de la defensa de Alberto González Amador desde la incoación de la pieza separada que, con un ánimo que sólo puede calificarse de dilatorio, han supuesto la suspensión por dos veces de las declaraciones fijadas desde octubre de 2024».

La situación se complica aún más con el supuesto paradero desconocido de uno de los investigados, un empresario mexicano, por quien se ha librado oficio a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras para su localización. Además, quedan pendientes las declaraciones de los peritos de la Inspección de la AEAT, fundamentales para esclarecer los hechos denunciados.

Declaraciones pendientes

La juez, en su auto, confirma que «la instrucción no ha finalizado y están pendientes de practicar las declaraciones de las inspectoras de Hacienda autoras del informe que obra en autos y de cuyo resultado puede ser necesario acordar nuevas diligencias para la investigación de los hechos».

Este caso ha adquirido una notable dimensión política desde que salió a la luz, convirtiéndose en un elemento central de la confrontación entre el PSOE y el Partido Popular en Madrid. La investigación se centra en presuntas irregularidades fiscales relacionadas con sociedades vinculadas a González Amador, incluyendo Maxwell Cremona, entre otras empresas más que figuran como investigadas en el procedimiento.

La causa ha avanzado lentamente durante el último año, con constantes cruces de acusaciones entre las partes sobre la intencionalidad de los retrasos. Mientras la acusación popular sostiene que la defensa ha adoptado una estrategia dilatoria, desde el entorno de González Amador se ha señalado repetidamente la motivación política en el caso, vinculándolo al claro intento de desgastar a la presidenta madrileña.

El auto de prórroga permitirá ahora completar las diligencias pendientes, comenzando por las declaraciones de las inspectoras de Hacienda, clave para determinar la existencia o no de delitos fiscales que superen los 120.000 euros, umbral mínimo para la tipificación penal.

Con esta decisión, la batalla judicial se extenderá al menos hasta el otoño de 2025, manteniendo vivo un caso que, más allá de sus implicaciones legales, sigue alimentando la confrontación política en la Comunidad de Madrid, con el PSOE y Más Madrid presionando desde la acusación popular –figura que desde el Gobierno de España critican– y el entorno de Ayuso defendiendo la inocencia de González Amador en lo que consideran una persecución política.