O se cancelan las vacaciones o se cancela el Estado español

Los incendios forestales de las últimas semanas y los gravísimos incidentes de Ceuta de los últimos días, han retirado el foco de las actuaciones procesales de la Audiencia Nacional respecto de los casos de corrupción, y han permitido rellenar la agenda de Pedro Sánchez que, si no hay programada visita al extranjero, es una escuálida sucesión de bolos propagandísticos. A falta de una acción de gobierno estructurada a partir de un programa reconocible y de una agenda legislativa necesaria y factible, el ejecutivo encuentra un quehacer en estos episodios que le permiten demostrar alguna autoridad y cierta solidez. Especialmente si se le da, como ha ocurrido con la situación de emergencia declarada en los incendios de la Sierra Oeste de Madrid, oportunidad de lucir la placa.

Con las impúdicas visitas a las zonas afectadas ha ocupado el presidente una semana en la que, aunque no estaba marcada oficialmente como de vacaciones, no tenía otra cosa que hacer que meter los bañadores en la maleta. Y son impúdicas porque tienen más guion y escenografía que La Odisea de Nolan e igualmente se podían grabar en un Cecopi protegido como Fort Knox, como en uno de los estudios/sede que mantiene Moncloa en TVE. Las visitas de verdad a las zonas y a las personas afectadas se las dejan al Rey Felipe VI y ya ni por prurito profesional ni por vergüenza torera se atreve a poner un pie en la calle.

Sánchez se autoconcedió una matrícula de honor en el panegírico del martes, pero sobre el desempeño del Gobierno y de su presidente hay dos opiniones, la suya, que nos colocó el otro día, y la de los demás, que, por ahora, no vamos a tener oportunidad de expresarla formalmente en las urnas. Porque, con independencia de que el mesecito de vacaciones parece innegociable, lo cierto es que el punto de desgobierno que se ha alcanzado nos deja más cerca de un Estado fallido que de un moderno y eficiente Estado democrático.

Antes de considerar injusta y exagerada esta apreciación y, al contrario, para corroborar el diagnóstico, podemos ayudarnos con lo que se expresa en los siguientes párrafos:

– La parálisis parlamentaria y, sobre todo, la imposibilidad de aprobar presupuestos, impiden abordar políticas estratégicas, llevar a cabo programas y compromisos internos y externos, y realizar una gestión administrativa medianamente efectiva.

– El deterioro, e incluso la quiebra o el colapso, de algunos servicios públicos es ya una evidencia y alcanza no solo al transporte ferroviario, sino a multitud de ámbitos de la vida ciudadana: carreteras y transportes, suministro eléctrico, Seguridad Social y sistema de pensiones, datos de empleo transparentes y prestaciones correctas, mantenimiento del patrimonio público…

– La anquilosada financiación autonómica impide, a su vez, que las comunidades autónomas desarrollen sus políticas y gestionen sus competencias, incidiendo por ello en los aspectos más cercanos y necesarios para los ciudadanos.

Pero además de las limitaciones y de las inoperancias que provoca el desgobierno y que son denunciadas de forma recurrente, hay otras funciones esenciales y responsabilidades ineludibles de la estructura orgánica del Estado que están siendo amenazadas o que, directamente, ya no están aseguradas.

– La administración de justicia y el desempeño de la función jurisdiccional están sometidos a numerosos ataques por parte de otras instituciones del Estado (incluso por el propio ministro del ramo); se obstaculiza la acción efectiva del Poder Judicial con maniobras mafiosas ejecutadas o inspiradas desde el Gobierno y se desnaturalizan sus decisiones con la crítica y la inobservancia de sus sentencias o con la aprobación de indultos que revierten las penas.

– El Estado ha desaparecido en algunas zonas del territorio nacional. La aplicación de las leyes y las normas de convivencia no solo no está asegurada, sino que los propios responsables de algunas instituciones y los socios políticos que mantienen al Gobierno se felicitan por doblar la mano al Estado. Desde la excarcelación de los terroristas a la amnistía de los golpistas (pasando por algo tan nimio y colateral como la inobservancia de las normas y la inaplicación de las sanciones por parte del Barça) es cosa aceptada que el Estado español ya no rige en esas comunidades.

– La seguridad de los ciudadanos y de sus bienes y la integridad del territorio no son defendidas de manera efectiva. Condicionantes conocidos y otros inconfesables de este Gobierno y de su presidente han situado a España en una situación de vulnerabilidad extrema ante las amenazas y las agresiones realizadas por agentes externos o, como está ocurriendo en Ceuta, por países vecinos con los que en teoría se mantiene una relación de amistad.

Por supuesto que, tampoco en esta ocasión, se espera una gestión adecuada y digna por parte del presidente, pero no se puede aceptar otra cosa que no sea una respuesta contundente y que debe incluir: la protección del territorio por parte del ejército, la detención y devolución inmediata de los marroquíes que han invadido nuestro país, la llamada a consultas del embajador español en Rabat con una explícita y dura queja al propio monarca alauí y la declaración y consideración de Ceuta y Melilla como fronteras hostiles de la Comunidad Europea, retirando las ayudas que se entregan a Marruecos para que finja que colabora en su protección. ¡Ah, y por supuesto, cancelando las vacaciones!