Tribunales

Ayuso denuncia ser víctima de un ataque orquestado desde Moncloa: «Ahora tocaba el novio»

La Fiscalía acusa a Alberto González de haber defraudado 350.951 euros a Hacienda

La presidenta dice estar "acostumbrada" porque sufre esta persecución "desde hace cinco años"

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Paula M. Gonzálvez

«Ahora tocaba el novio». Así de tajante se ha referido Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la información conocida este martes sobre la investigación de la Fiscalía a su pareja, Alberto González Amador, por defraudación tributaria y falsedad documental. Ayuso ha afirmado que es un nuevo ataque que se «está intentando hacer desde la Moncloa». González Amador habría emitido facturas falsas a través de la empresa Masterman & Whitaker S.L., de la que es socio único y administrador.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha apuntado que esto «es parte» de lo que lleva «sufriendo desde hace cinco años», concretamente desde que llegó a la Comunidad. De hecho, ha indicado, fue «recibida con una comisión de investigación» contra su familia.

No le pilla por sorpresa el revuelo de este martes, era algo que se «esperaba». «Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de las acusaciones sobre una empresa que quebró por otras cuestiones, algo que él afronto sin deber nada a nadie; después fue mi hermano, luego mi madre, mis primos…», ha relatado. Incluso, ha añadido, han ido a por su «pueblo, barrio, colegio -que si era mejor o peor-, expediente académico, etapa universitaria, trabajo, vida laboral, etc.». En resumen, esto se trata, entiende, de hacerle «trajes constantemente».

«Aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora de esta mañana está llamando también a las televisiones pidiendo más madera y generar una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano», ha manifestado la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso, que se encuentra en Barcelona para reunirse con los hosteleros de Castelldefels y del Bajo Llobregat, entiende que se trata de un ataque personal: «Desde luego normal no es que los datos personales de un ciudadano anónimo estén circulando por las redacciones».

Asimismo, apunta que su pareja se enfrenta a una inspección de Hacienda, algo «de lo más normal para cualquier ciudadano y que nada tiene que ver con la Comunidad Autónoma», y ha aclarado que en el ejercicio al que hace referencia la investigación, 2020 y 2021, aún no eran pareja.

Pese a ello, «se le está acusando directamente y no se deja que esto funcione con el cauce normal», es decir, el mismo que cualquier otra inspección de la Agencia Tributaria: «Hacienda, como sabe cualquier empresa o autónomo, hace una acusación y él tiene que defenderlo».

La Fiscalía ha denunciado a la pareja de la líder del PP de Madrid por supuestamente defraudar a Hacienda y por otro delito de falsedad en documento mercantil. Hacienda ha cifrado la cantidad defraudad en un total de 350.951 euros.

Lo único que Ayuso sabía es que su pareja «estaba sufriendo una inspección y que iban a intentar que si trama». En todo caso, ella sólo responde a esta «persecución» por «la Comunidad de Madrid y por la gestión» de su Gobierno, ha sentenciado.

«Unos gastos ficticios»

La Fiscalía se basa en un informe de la Agencia Tributaria, que versa sobre un presunto fraude fiscal que se detectó durante una investigación que duró dos años, y en los que se fijan en «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».

«Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge el escrito del Ministerio Fiscal.

En el año 2020, las sociedades en las que González Amador es administrador único, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente, emitieron facturas por valor de 1,7 millones de euros a varias sociedades.

Según la Fiscalía, el objetivo que perseguía con estas actividades era conseguir «un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas» y, posteriormente, «compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener».

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