Marlaska mintió hace una semana: «Ninguna persona que entre en Ceuta y Melilla de manera irregular va a ir a la Península»

Hace menos de una semana, tras la invasión de 80.000 personas por la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio, algunos ministros lanzaron mensajes claros y reiterados: ninguna de las personas que habían cruzado de forma irregular se quedaría en Ceuta, y ninguna sería trasladada a la Península y regularizada.

El pasado 13 de agosto, Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, llegó a afirmar explícitamente que «ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la Península, ninguno de ellos va a ser regularizado». El Gobierno insistió en que la integridad del espacio Schengen estaba garantizada y que no se produciría ningún traslado a territorio peninsular.

Sin embargo, este miércoles, se ha conocido que el Ministerio de Juventud e Infancia está trabajando de forma urgente en un plan para trasladar a la Península a unas 500 menores (niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años) que permanecen en Ceuta desde aquella entrada. El plan se coordina con la ciudad autónoma e incluye fórmulas como la acogida vinculante por comunidades autónomas, el acogimiento familiar u otras vías (incluso con organizaciones de protección a la infancia, manteniendo en algunos casos la tutela en Ceuta). Fuentes del ministerio confirman que se trata de un plan de choque prioritario para perfiles vulnerables.

Las promesas oficiales de «ni uno solo» y de retorno general de todos los que entraron irregularmente chocan de frente con el anuncio de reubicación a la Península de cientos de menores llegados en el mismo episodio. Aunque la legislación de protección de menores no acompañados establece un régimen especial distinto al de los adultos (prioridad del interés superior del menor, imposibilidad de devoluciones colectivas sin garantías individuales, y mecanismos de reparto solidario cuando los sistemas de acogida están saturados), los mensajes públicos de Marlaska y Albares no hicieron esa distinción: hablaron de «ninguna persona» y de «todos» los que entraron de forma irregular.

El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, mantiene como objetivo prioritario el retorno a Marruecos, incluidos menores cuando sea posible conforme a la ley, y ha rechazado en parte planteamientos de Moncloa que no pasen por ese retorno. Mientras tanto, la ciudad autónoma sigue con su sistema de protección muy por encima de su capacidad ordinaria y con miles de personas (adultos y menores) aún presentes tras la crisis.