Madrid
Cuartel de Galapagar

Trabajo amonesta a Marlaska por tener a los guardias civiles de Iglesias hacinados entre humedades

"Olor fuerte que dificulta la respiración, grado de humedad elevada y no hay suministro de agua, por lo que no funcionan los baños ni la calefacción", recoge el informe

El cuartel del pueblo de Iglesias es una ruina y la Guardia Civil se rebela

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha emitido un duro requerimiento a la Dirección General de la Guardia Civil, responsabilidad del ministro Fernando Grande-Marlaska, por tener a los agentes de la Benemérita responsables de la vigilancia 24 horas al día del casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar en un cuartel lleno de moho y humedades.

Tal como consta en el documento de seis páginas que desvela OKDIARIO, un inspector del Ministerio ha acudido al centro de trabajo y ha puesto negro sobre blanco las «deficiencias» que tiene este cuartel. «Humedades visibles en paredes y suelos, irregularidades en paredes y suelos con riesgo de caídas al mismo nivel, olor fuerte que dificulta la respiración, grado de humedad elevada y no hay suministro de agua, por lo que no funcionan los baños ni la calefacción», recoge el informe. El olor era tan fuerte que antes de la pandemia del coronavirus los agentes tuvieron que comprarse mascarillas para poder soportar la fetidez.

Además, este técnico confirma que, tal como publicó este periódico, los agentes de la Guardia Civil se han negado a usar esas instalaciones de tan baja salubridad. Por ello, se han trasladado a un «antiguo garaje» anexo para allí atender al público general que acude a realizar denuncias.

En todo caso, esa instalación de emergencia tampoco cumple con la normativa vigente. «Es el actual centro de trabajo al que se ha trasladado temporalmente la actividad de atención al público, así como el trabajo de dirección, gestión y administración del centro. Consta de tres despachos, dos cuartos de baño, cuarto de vestuario para hombres y mujeres y un pequeño pasillo de acceso que hace funciones de sala de espera para el público», describe inicialmente.

Inspección de Trabajo lamenta que «la única puerta de salida del centro tiene apertura hacia el interior, incumpliendo así las normas de seguridad que exige su apertura hacia el exterior. Además, los despachos donde trabajan 4 miembros de Guardia Civil de forma continuada «tiene unas dimensiones que impide cumplir la obligatoriedad de espacio mínimo disponible de 10 metros cúbicos por trabajador, libres de obstáculos». Así mismo, «en el cuarto habilitado para vestuario (masculino y femenino) se ubican las taquillas, conformando unos pasillos estrechos de no más de 60 centímetros careciendo de espacio suficiente para su uso en las condiciones previstas para estas instalaciones que también carecen de asientos y separación entre hombres y mujeres».

En resumen, explican que las ilegalidades están contemplada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. «Los hechos comprobados contravienen lo establecido en el artículo 14 de la Ley 31/1995 (LPRL) que establece que ‘los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo’. A renglón seguido, se especifican «las obligaciones incumplidas en el Real Decreto 486/1997» en relación a «condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo (espacios de trabajo y zonas peligrosas); vías de circulación; vías y salidas de evacuación; orden, limpieza y mantenimiento; condiciones ambientales de los lugares de trabajo; servicios higiénicos y locales de descanso y vestuarios, duchas, lavabos y retretes».

Requerimiento de la Inspección de Trabajo al Ministerio del Interior.

La denuncia fue interpuesta en diciembre de 2019 por la la Asociación Unificada de Guardias Civiles pero el estado de alarma por la crisis del coronavirus ha retrasado el informe final hasta el 20 de julio, día en el que está fechado el mismo y que trasciende ahora.

El Ministerio tenía 15 días para presentar alegaciones pero, según confirman las fuentes consultadas, el equipo de Marlaska ha preferido acatar el fallo de la Inspección de Trabajo directamente.

«Peligro tóxico»

Llama la atención que a la visita que cursó Inspección de Trabajo el día 5 de marzo, «no se personó representación del Servicio de prevención propio de la Guardia Civil». Este departamento de Interior precisamente concluyó que las instalaciones eran aptas para su uso. Una valoración totalmente contraria a la que ahora emite el Ministerio capitaneado por Yolanda Díaz.

La Oficina de Riesgos Laborales de la Guardia Civil afirmó entonces que los agentes no corrían riesgo por las humedades y el moho que hay en sus oficinas. Por el contrario, técnicos del Ayuntamiento avisaron de que las sustancias podían ser tóxicas. «La única solución que nos dan es que trabajemos con las ventanas abiertas», lamentaban las fuentes consultadas.

Hartazgo en el Ayuntamiento

La situación de la seguridad en Galapagar es crítica. Desde la llegada del vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad se ha producido un incremento de la criminalidad. El chalet de los líderes de Podemos acapara a los efectivos y en el resto de la localidad se suceden los robos, entre otros tipos delictivos.

El Ayuntamiento de la localidad, gobernando por el PSOE y Ciudadanos, ha emitido varias peticiones de refuerzos a la Delegación del Gobierno de Madrid y a Interior sin que estos tengan pensado emitir respuesta. En relación con el estado deteriorado del cuartel local, el Consistorio se ha hartado y aunque no es su competencia ha llevado a cabo tareas de reforma en los accesos para, igualmente, volver a insistir en la necesidad de actuar de urgencia en el interior del inmueble donde las humedades son cada vez más preocupantes.