Caos en Webpol: los policías no pueden hacer la declaración de la renta por «datos incorrectos»

La campaña de la Renta y Patrimonio 2024 arranca este miércoles para todos los contribuyentes, excepto para los policías nacionales que se han encontrado con un obstáculo inesperado que les impide presentar su declaración.

La Dirección General de la Policía (DGP) ha comunicado que el Certificado de Haberes del ejercicio 2024, disponible en el Portal de la Policía, WebPol, contiene «graves errores» y que, por lo tanto, no debe utilizarse para la Declaración de la Renta.

Ante este fallo administrativo, la DGP ha recomendado expresamente que los agentes no presenten su declaración hasta que se solucione la incidencia, ya que los datos proporcionados son incorrectos. La incertidumbre se apodera ahora de los policías nacionales que ven cómo su gestión fiscal queda en el aire sin una fecha clara de resolución.

Desde el sindicato de policía JUPOL, han denunciado la falta de previsión y la negligencia en la gestión del departamento que dirige Grande-Marlaska en un aspecto tan fundamental como el acceso a la documentación fiscal correcta. «Exigimos que esta situación se solvente con la máxima urgencia y que se depuren responsabilidades para evitar que este tipo de errores vuelvan a ocurrir en el futuro».

«No es un caso aislado»

Los problemas en la gestión de documentos administrativos dentro de la Policía Nacional han ocurrido en repetidas ocasiones. «Hay muchas improvisaciones y chapuzas continuadas que afectan directamente a los agentes», han lamentado desde JUPOL.

Los agentes han sufrido desde fallos en el pago de nóminas hasta retrasos injustificados en la entrega de equipamiento y material. «La gestión de la DGP deja mucho que desear», insiste el sindicato. «Este nuevo episodio con la campaña de la Renta solo confirma la falta de planificación y el desprecio hacia los policías nacionales por parte de la Administración».

Los policías consideran «inaceptable» que, año tras año, los agentes sean «víctimas de la incompetencia» de quienes deberían garantizar un funcionamiento ágil y eficaz de la administración policial. «La falta de previsión en la gestión de los recursos humanos y económicos demuestra una clara dejadez por parte de la Dirección General, que parece más preocupada en justificar sus errores que en solucionarlos», añaden.

Desde JUPOL han exigido a la Dirección General de la Policía (dependiente del Ministerio del Interior), respuestas claras y soluciones inmediatas. «Los agentes que velan por la seguridad de todos no pueden ser los grandes perjudicados de la incompetencia administrativa», argumentan.

Falta de formación

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que regula el proceso de expedición, gestión y desarrollo del DNI no sólo en su versión física, sino también, por primera vez, en su versión digital.

Sin embargo, la decisión de Interior ha pillado de imprevisto a los agentes de la Policía Nacional. Tan sólo han sido informados con una alerta publicada en WebPol, su página de intranet, donde han sido avisados también de que no podrán hacer la Declaración de la Renta.

La aplicación MiDNI es la única válida para hacer este procedimiento, pero Interior hizo el anuncio sin que esta APP estuviera disponible. Por ello, miles de ciudadanos se han descargado otras aplicaciones que nada tienen que ver con la oficial, cediendo datos personales a empresas privadas que desconocen y que nada tienen que ver con la Administración.

El ministerio que dirige Marlaska también aconsejó a los policías hacer un curso sobre el uso de MiDNI, pero los agentes aseguran que no han recibido ningún tipo de formación. «Búscate la vida» es lo que nos ha venido a decir el ministro,» denuncian desde JUPOL.

El DNI digital es un proyecto del Ministerio del Interior desarrollado por la Policía Nacional, en el marco del Plan de Identidad Digital, junto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Su puesta en marcha pretende transformar el modo de acreditar la identidad por parte de los ciudadanos en sus relaciones con la administración pública y con el sector privado.