Boadilla exhibe artículos de la Constitución vulnerados por el Gobierno de Sánchez

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha desplegado en sus calles fragmentos de la Constitución Española que, según la Corporación municipal, el Gobierno de Pedro Sánchez ha vulnerado sistemáticamente. La iniciativa, con motivo del 47 aniversario de la Carta Magna, busca visibilizar presuntos atentados contra valores fundamentales del Estado de Derecho.

El mobiliario urbano municipal muestran, sobre la bandera de España, extractos de diversos artículos centrados en la justicia, la unidad de la Nación, la igualdad, la educación y el derecho a la vida. La campaña se ha puesto en marcha este diciembre de 2025 en toda la localidad madrileña.

El Consistorio ha destacado el artículo 117.1, que establece que «la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial independientes». Varios miembros del Ejecutivo, incluido el propio Presidente, han criticado abiertamente el fallo emitido por el Tribunal Supremo que ha condenado al ya expulsado Fiscal General del Estado por revelación de datos protegidos.

Se trata de una nueva injerencia del Ejecutivo en la independencia de jueces y fiscales. Una institución del calado de la Fiscalía General del Estado ha sido instrumentalizada y utilizada como arma política por intereses partidistas, según denuncia el Ayuntamiento de Boadilla.

El artículo 124.1 también aparece en la campaña. Este establece que el Ministerio Fiscal tiene por misión «promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad». Lo que en ningún caso puede hacer el Ministerio Fiscal es incumplir la legalidad, que es exactamente lo que ha hecho el Fiscal General del Estado en una operación claramente orquestada desde la Moncloa, según el texto exhibido.

Ausencia presupuestaria

El artículo 134.3 recuerda que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Desde 2023 el Gobierno no ha presentado los Presupuestos Generales del Estado, optando por una prórroga de estos en 2024 y 2025.

Esta situación evidencia la debilidad parlamentaria del Ejecutivo, usurpa las competencias del Parlamento y paraliza la gestión pública. A pesar del anuncio de presentación de los Presupuestos para 2026, estos no saldrán adelante por el portazo que Junts le ha dado a Sánchez en las distintas votaciones parlamentarias.

Privilegios catalanes

El artículo 138.2 establece que «las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales». El Gobierno ha otorgado a Cataluña beneficios destacados en materia fiscal, inversión pública y fondos europeos que suponen un trato preferencial.

La cesión de la recaudación completa de impuestos autonómicos para 2026 otorgará independencia fiscal a la Generalitat, generando ingresos netos en torno a 25.000 millones de euros anuales. El Gobierno de Sánchez ha transferido a Cataluña más de 60.000 millones de euros, lo que supone un 55 % más que en el gobierno de Rajoy.

Además, se produce una discriminación sistemática a las comunidades autónomas gobernadas por el PP en el reparto de fondos estatales.

Unidad nacional

El artículo 2 recuerda que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española». La política de Pedro Sánchez hacia Cataluña ha implicado cesiones que impulsan el procés independentista mediante pactos con ERC y Junts.

La Ley de Amnistía, recuerdan, es un fraude democrático orientado solo a que Sánchez se mantenga en el poder, perdonando delitos graves como sedición y malversación a líderes del procés. Todas las actuaciones conducirían a la ruptura de España, previa celebración de un referéndum de autodeterminación.

Derecho a la vida

El artículo 15 establece que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral». La obligatoriedad que el Gobierno ha impuesto a las comunidades autónomas de publicar listas de médicos objetores al aborto constituye un intento de estigmatizar y hacer listas negras sin respetar la objeción de conciencia.

Libertad de enseñanza

El artículo 27.1 reconoce que «todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza». Este Gobierno ataca el modelo que no responde a sus planteamientos ideológicos, con argumentos esgrimidos por el propio Presidente Sánchez quien ha calificado a muchas universidades privadas como «chiringuitos educativos» o «máquinas expendedoras de títulos».

Sánchez ha anunciado medidas legislativas para endurecer los criterios de creación, reconocimiento y autorización de universidades privadas. Sin embargo, paradójicamente, su hija cursa estudios en una universidad privada católica.

Esta iniciativa de Boadilla del Monte se convierte en un ariete contra las políticas del Ejecutivo central, transformando las calles del municipio en un recordatorio pétreo de que la Constitución no es un documento decorativo, sino el garante de nuestra convivencia democrática que debe defenderse con la misma firmeza con la que fue consensuada hace 47 años.