Ayuso recurrirá ante el Constitucional el impuesto «para ricos» de Sánchez por invasión de competencias

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurrirá ante el Tribunal Constitucional el impuesto «para ricos» que quiere imponer el Ejecutivo de Pedro Sánchez bajo el nombre de «impuesto de solidaridad», un tributo que tendrá una duración temporal de dos años y se aplicará sólo a patrimonios netos superiores a 3 millones.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno Madrileño, Enrique Ossorio, quien ha avanzado que el argumento que esgrimirá ante el Alto Tribunal una vez se apruebe ese tributo a través de una ley estatal es que choca con la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, por lo tanto, se estarían invadiendo competencias y yendo en contra de la jerarquía normativa.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha aprobado aún la ley que contemplará ese impuesto, una ley que, según Ossorio, deberá ser ordinaria, puesto que la Constitución no permite aprobar impuestos ni mediante decreto ley ni en la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

De esta forma, una vez se apruebe, ha desgranado el vicepresidente madrileño, «los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid confirmarán las causas de inconstitucionalidad y en ese momento el Consejo de Gobierno aprobará la presentación del recurso, tal y como ha sucedido hace poco con el recurso contra el decreto de ahorro energético».

El impuesto que quiere imponer el Gobierno de Sánchez gravará con un 1,7% los patrimonios entre 3 y 5 millones, con el 2,1% entre 5 y 10 millones, y con el 3,5% por encima de 10 millones. El impacto recaudatorio que estima el Gobierno será de 1.500 millones, con unos 23.000 contribuyentes afectados. Como se esperaba, este tributo pretende anular las bonificaciones del Impuesto de Patrimonio de Madrid y Andalucía. Por tanto, lo que se declare por Patrimonio en el resto de regiones será deducible al 100% en el impuesto de solidaridad.

Con esta fórmula, las comunidades populares que habían eliminado en la práctica este impuesto tendrán que optar entre mantener su política y sus principios y permitir que Sánchez se lleve el dinero -una cantidad con la que no contaban en cualquier caso- o retirar las bonificaciones para que la recaudación se quede en sus territorios y puedan destinarla a dar servicio a sus ciudadanos o a reducir su endeudamiento.

Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno de «canibalismo fiscal» y ha calificado este impuesto de «chapuza». «Nos desayunamos ahora con otro nuevo eufemismo para edulcorar la chapuza del día, el llamado impuesto de solidaridad, como si en España quién más tiene no pagase más, una medida que no roza a la ya muy debilitada clase media, que apenas va a afectar a las más altas y que las más vulnerables no verán efectiva hasta dentro de un par de años», señaló la pasada semana en un desayuno informativo en Barcelona.